La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que, en principio, implicaría la liberación de los presos políticos arrestados durante todo el chavismo. Sin embargo, tanto la oposición como las ONG han denunciado que la ley —que ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial y que, por lo tanto, ya ha entrado en vigor— deja fuera a parte de las personas detenidas por motivos políticos. De acuerdo con la organización Foro Penal, que lleva un registro de los presos políticos, 2.742 personas quedarían amparadas “de manera inmediata” por la amnistía —aunque no sin tener que someterse antes a los tribunales chavistas— y unas 400 serían excluidas.
La norma impulsada por Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, beneficia solo a los detenidos en 13 momentos concretos de los últimos 27 años. Incluye a los arrestados en el contexto del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez (2002), el paro petrolero (2002-2003) y las grandes protestas opositoras que han ocurrido a lo largo de los años. Entre ellas, las que ocurrieron en el marco de las elecciones presidenciales de 2024 y de los comicios regionales y para la Asamblea Nacional de 2025. La ley no hace mención a los detenidos en el contexto del supuesto intento de asesinato contra Maduro en 2018 ni tampoco a los involucrados en la Operación Gedeón (2019-2020), que buscaba derrocar a Maduro.
Las 2.742 personas a las que se refiere la ONG fueron detenidas entre 2024 y 2025, periodo contemplado en la norma que fue aprobada el jueves por unanimidad. De ellas, 2.186 han sido liberadas con medidas cautelares, 321 permanecen detenidas y 235 “salieron en libertad plena”, detalló a Efe Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal. Sin embargo, cabe destacar que solo se podrán beneficiar las personas que se hayan presentado ante la Justicia o que lo hagan tras la aprobación de la ley. Es decir, las personas que se sometan a los mismos tribunales chavistas que los condenaron. En caso de encontrarse en el exterior, como es el caso de cientos de opositores, podrán hacerlo a través de un abogado “de su confianza y elección”.
Pero esa no es la única ‘trampa’ de esta cuestionada ley. De acuerdo con el texto, solo se amparará “a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta de objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta ley”. Esto significa que quedarán fuera de la amnistía los opositores que, a juicio del régimen chavista, sigan delinquiendo. Además, cabe recordar que siguen vigentes normas como la Ley Contra el Odio, bajo la cual el régimen ha detenido a opositores por publicar mensajes contra el chavismo en redes sociales.
Los 400 excluidos están vinculados a operaciones militares, aunque también hay civiles que se han quedado fuera, según Foro Penal. De hecho, la norma reza de manera explícita que los acontecimientos relacionados con las manifestaciones y los “hechos violentos por motivos políticos” de 2019 serán amnistiados “salvo los constitutivos del delito de rebelión militar”. Este punto hace referencia a los militares detenidos por la Operación Gedeón, en la que participaron dos ex boinas verdes estadounidenses que fueron entregados por Venezuela a EEUU a cambio del empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro.
El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha asegurado este viernes que hay personas “acusadas de delitos que no cometieron” y que no pueden ser amnistiadas porque fueron arrestadas en momentos no contemplados en la ley. Gonzalo Himiob ha destacado por su parte que hay “15 años completamente por fuera” del alcance de la amnistía y que si se suman los meses incluidos en la ley no llegan a más de 20. “Quedamos excluidos prácticamente todos los periodistas que hemos sido detenidos por nuestra opinión fuera de estos lapsos que están establecidos”, ha declarado a The New York Times Nicmer Evans, quien estuvo recluido en El Helicoide.
Ante esta situación, la ONG ha anunciado que presentará un listado de 232 casos de presos políticos que sufrieron “violaciones graves de derechos humanos” para que sean incluidos en la ley. La lista incluye: tres presos políticos con discapacidad, 21 personas mayores de 70 años, 127 detenidos desde hace dos años que todavía no han sido presentados ante un juez y otras 81 personas detenidas desde hace más de tres años que tampoco han sido presentados ante los tribunales. El anuncio se ha producido el mismo día que la Asamblea Nacional ha constituido la comisión que garantizará el cumplimiento de la ley y que podrá revisar los casos no contemplados.
La ley de amnistía deja fuera “las acciones u omisiones” que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos previstos en la Ley contra la Corrupción. También quedan excluidas “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras“. Esta es la acusación que el régimen hace constantemente a la líder opositora María Corina Machado.