La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil impuso este miércoles penas de entre 9 y 76 años de cárcel a los cinco acusados de ordenar, planificar y encubrir el asesinato en marzo de 2018 de la concejala y activista de Río de Janeiro Marielle Franco. Las dos condenas más altas, a 76 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, han sido impuestas a João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, como “mandantes” del crimen “bárbaro” que acabó con la vida de la edil.
Los cuatro magistrados de la sala dieron por probado que ambos políticos lideraron una organización criminal armada dedicada a negocios inmobiliarios ilegales en barrios humildes de la zona oeste de Río de Janeiro, y que decidieron sentenciar a muerte a Franco por su “combativa” actuación política contra esas prácticas ilícitas.
De esta forma, los dos hermanos fueron sentenciados por los delitos de “organización criminal armada, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio”, ya que en el atentado murió el chófer de Franco, Anderson Gomes, y sobrevivió Fernanda Chaves, asesora de la concejala.
A los otros tres imputados en la causa les aplicaron penas algo menores. Así, Ronald Paulo Alves, expolicía militar, recibió una pena de 56 años de prisión por suministrar información “esencial” para este crimen que en su día causó un enorme impacto en la escena internacional.
Por su parte, Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, fue condenado a 18 años de cárcel por “obstrucción a la justicia” y “corrupción pasiva”, al garantizar impunidad a los implicados torpedeando las investigaciones. Finalmente, Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, “hombre de confianza” de los Brazão, fue sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de organización criminal armada.
Los cuatro magistrados, incluido el relator del caso, Alexandre de Moraes, respaldaron las tesis de la Fiscalía, que vio en el asesinato a tiros de Franco y de su chófer, Anderson Gomes, la noche del 14 de marzo de 2018, un intento de silenciar la combativa actuación de la edil contra la presencia de grupos paramilitares en la zona oeste de Río.
La sentencia, sin embargo, aún no es firme, ya que aún cabe recurso ante el mismo tribunal.
Los Brazão “decretaron la muerte” de la concejala
“Es un episodio de violencia política de género para neutralizar a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos. El recado es ese. El error fue que (los acusados) no esperaban esa grande repercusión”, sostuvo De Moraes.
La Primera Sala del Supremo situó a los hermanos Brazão como los líderes de una facción miliciana armada que se dedicaba a ocupar, regularizar y explotar ilegalmente grandes áreas en la zona oeste de Río de Janeiro.
Según el tribunal, ante la cada vez mayor influencia mediática y política de Marielle Franco, los Brazão “decretaron la muerte” de la concejala como “la única salida para preservar sus intereses en la zona”. Con ello, también buscaron “producir un efecto intimidatorio y disuasorio” entre otros miembros de su plataforma política, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), según defendió De Moraes en su voto.