Las ONG que se ocupan del rescate de inmigrantes en el Mediterráneo central criticaron duramente el nuevo proyecto de ley del gobierno italiano de Giorgia Meloni, que introduce el bloqueo naval temporal, entre otras medidas contra la inmigración.
“Es repugnante tratar a hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza y la persecución como un peligro para el Estado. Es cobarde devolver a las personas a países que los persiguen. Esto no es seguridad, es inhumanidad. Redoblaremos nuestros esfuerzos para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar”, escribió Sea Watch Italia en sus redes sociales.
Francesca Bocchini, de Emergency, también expresó su preocupación por “una mayor restricción y reducción del espacio operativo de las organizaciones no gubernamentales que operan en el mar en la protección del derecho a la vida de los migrantes en el Mediterráneo Central”.
Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, Meloni publicó un vídeo durante la noche donde aplaudía la aprobación del bloqueo naval, ya que cumplía así “uno de los compromisos de su programa de gobierno”.
Según el proyecto de ley, que ahora pasará al Parlamento para su aprobación, se introduce “la prohibición temporal de cruzar las aguas territoriales en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, por un período de 30 días, prorrogable por un máximo de seis meses”.
Prevé el traslado de inmigrantes a terceros países
Los inmigrantes a bordo de embarcaciones también podrán ser trasladados a terceros países distintos de su país de origen, con los que Italia haya firmado acuerdos o entendimientos específicos que prevean su asistencia, acogida o detención en instalaciones específicas.
El incumplimiento de esta prohibición conlleva una multa de entre 10.000 y 50.000 euros y, en caso de reincidencia, la embarcación podrá ser confiscada. La responsabilidad solidaria se extiende al usuario o armador y al propietario del buque.
Esta nueva ley se añade a las que ya aprobó el gobierno italiano y por las que los barcos de las ONG son obligados a desembarcar a los inmigrantes en puertos lejanos o son inmovilizados y multados continuamente.
“La medida introduce una reforma integral destinada a reforzar los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y garantizar una gestión más rigurosa de los flujos migratorios”, se indica en la reseña del Consejo de Ministros.
También “se amplían las circunstancias en las que un juez, tras una condena, puede ordenar la expulsión o el retorno de un extranjero, y se establece un procedimiento acelerado para la expulsión de extranjeros detenidos”, indica la nota del Gobierno.