El número de ejecuciones registradas en el mundo ha aumentado en 2024 hasta llegar a las 1.518, un récord desde 2015, con Irán, Arabia Saudí e Irak en cabeza, ha informado este martes Amnistía Internacional (AI), que ha alertado no obstante de que faltan datos de grandes perpetradores como China, Corea del Norte o Vietnam. Así, la organización ha denunciado que el uso de la pena de muerte ha crecido hasta alcanzar su cifra más alta en la última década, una práctica que tiene como objetivo principal manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas.
En su informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, la ONG ha señalado que la cifra del año pasado es ligeramente inferior a la de hace diez años, cuando hubo al menos 1.634 ejecuciones, la mayoría de ellas en países de Oriente Próximo. Sin embargo, estos casos se concentran cada vez más en un menor número de países: los datos de 2024 corresponden a solo 15 países, la cantidad más baja por segundo año consecutivo, dado que cada vez hay más Gobiernos que eliminan esta forma de castigo.
Según AI, actualmente hay 113 Estados que han abolido la pena de muerte totalmente y 145 que la han eliminado bien por ley o en la práctica. En este sentido, ha destacado que Arabia Saudí, Irak e Irán son los responsables del principal aumento de esta práctica: solo estos tres países concentran 1.380 ejecuciones (91% del total), la mayoría de ellas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. Ahora bien, existen dificultades a la hora de obtener información sobre este tipo de casos en otros países como China, Corea del Norte o Vietnam.
El número de ejecuciones relacionadas con delitos de tráfico de drogas también ha aumentado, lo que supone una “violación de los Derechos Humanos”. “Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo ilegalmente dado que fueron por delitos relacionados con drogas“, ha manifestado la secretaria general de AI, Agnès Callamard. “Según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte debe restringirse a los delitos más graves, y las condenas por delitos de drogas no cumplen este requisito”. Las ejecuciones por ese motivo habrían sido frecuentes en China, Irán, Arabia Saudí, Singapur y probablemente en Vietnam.
Ejecuciones por países
Irán ejecutó al menos a 972 personas, 119 más que en 2023, lo que representa un 64% del total conocido, mientras que Arabia Saudí duplicó su cómputo anual, de 172 a unos 345 ciudadanos. Irak casi cuadriplicó sus ejecuciones, de al menos 16 en 2023 a un mínimo de 63 el año pasado. “Quienes se atreven a desafiar a las autoridades se enfrentaron a los castigos más crueles, sobre todo en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a los que tienen la valentía de alzar la voz”, ha subrayado la secretaria general de AI.
China sigue siendo el país del mundo con mayor tasa de ejecuciones -se estima que a lo largo de 2024 se han registrado miles en el gigante asiático-, si bien esta práctica constituye un “secreto de Estado” y el Gobierno no ofrece datos al respecto. En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratorias. Por otro lado, en EEUU se ejecutó a 25 personas en 2024 -frente a 24 el año anterior-, con una tendencia al alza desde el fin de la pandemia de la covid-19, según el informe
Los métodos utilizados van desde la decapitación (en Arabia Saudí) hasta la asfixia con gas nitrógeno (EEUU), pasando por el ahorcamiento (Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Singapur y Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y armas de fuego (Afganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen).
La organización ha señalado que algunos dirigentes utilizan la pena de muerte “con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población”. En este sentido, el informe denuncia que el presidente de EEUU, Donald Trump, estuvo entre los dirigentes que esgrimieron la pena de muerte como arma política, “al invocarla como vía para proteger a la gente ‘de violadores, asesinos y monstruos”. “Esto promueve un falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”, sostiene.
La Administración del expresidente Joe Biden mantuvo la moratoria temporal de las ejecuciones contra aquellas personas condenadas en virtud de las leyes de pena de muerte federales de carácter ordinario que había aprobado en julio de 2021. Sin embargo, durante el anterior mandato de Trump, sí se reanudaron las ejecuciones: entre julio de 2020 y enero de 2021 se hicieron efectivas 13 condenas a muerte tras un paréntesis de 17 años.
Silenciar a la disidencia
En algunos países de Oriente Próximo, las condenas a muerte han sido utilizadas para “silenciar a defensores y defensoras de los Derechos Humanos, a disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas”. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, ha afirmado Callamard.
El texto hace hincapié en el uso por parte de las autoridades iraníes de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado al poder establecido durante las protestas. Por su parte, las autoridades saudíes han seguido utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií que reside en el país y que apoyó las protestas “antigubernamentales” que tuvieron lugar entre 2011 y 2013.
Asimismo, otros países como República Democrática del Congo (RDC) han anunciado su intención de reanudar las ejecuciones, una medida a la que también se han sumado las autoridades de Burkina Faso, que han abogado por restablecer esta práctica para penar delitos comunes.