Varias autoridades colombianas han anunciado este lunes la apertura de investigaciones tras un reportaje periodístico que reveló presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado con las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá. De acuerdo con el informe publicado en la noche del domingo por Noticias Caracol, existen indicios de que esos grupos armados ilegales supuestamente financiaron la campaña presidencial de Gustavo Petro, a través de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero eso no es todo, ya que la cadena afirma que las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó de que activó “todas las acciones necesarias” para garantizar “total claridad y transparencia” frente a supuestas comunicaciones que vinculan al director de Inteligencia, Wilmar Mejía, con jefes de las disidencias. El servicio de inteligencia negó, sin embargo, que existan “órdenes” o “trazabilidad” que relacionen a Mejía con reuniones en Venezuela o contactos con grupos armados ilegales, como sugirió el informe publicado la noche del domingo por Noticias Caracol.
Desde que se divulgaron esas revelaciones, la DNI puso en marcha dos investigaciones paralelas: una interna, adelantada por la Dirección de Contrainteligencia, y otra independiente bajo la dirección de la Inspectora General, Isabel Molina, nombrada directamente por el presidente colombiano, Gustavo Petro. “Toda información será verificada con rigor y sin margen de duda”, aseguró Mejía en un comunicado, donde calificó de “imprecisos” los señalamientos que lo involucran.
En paralelo, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió otras dos investigaciones: una contra el general retirado Juan Miguel Huertas —hoy jefe del Comando de Personal del Ejército— y otra contra Mejía por sus presuntos vínculos con miembros de las disidencias. El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, por su parte, anunció que realizará investigaciones “de rigor en articulación con las autoridades competentes” y reiteró la política de “cero tolerancia a la ilegalidad”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, advirtió de que la asociación con criminales es “una línea roja” que no se debe cruzar.
El trabajo periodístico que detonó el escándalo reveló archivos recuperados de ordenadores, teléfonos móviles y memorias incautadas el 23 de julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por alias Calarcá, en los que aparecen supuestas comunicaciones sobre contactos con Huertas y Mejía. En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Huertas, para hacer negocios. Según esos documentos, el general retirado habría propuesto a los insurgentes la creación de una empresa fachada para su movilidad y protección armada.
El informe también reveló conversaciones entre la vicepresidenta Francia Márquez y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro en 2022. Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre las revelaciones, que estallan en un momento clave del proceso de diálogo con el EMBF, con el que el Gobierno acaba de cerrar su séptimo ciclo de negociaciones de paz.
La vicepresidenta colombiana ha manifestado que no hay ninguna “prueba fehaciente” de que tenga vínculos con las disidencias de las FARC. “Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, ha expresado Márquez en un comunicado. “Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano”, ha respondido Márquez.
El 20 de marzo de 2024, Iván Mordisco ya había dicho que el EMC apoyó la campaña electoral de Petro, después de que el mandatario dijera que el jefe de las disidencias es “un ‘traqueto’ (narcotraficante) vestido de revolucionario”. “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, expresó entonces Mordisco en una cuenta de X.
Al respecto, la vicepresidenta ha defendido que su campaña “fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio”. “Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”, ha añadido.