Una jueza federal de Estados Unidos ha dictaminado que la Administración de Donald Trump no puede retirar de forma abrupta las medidas de protección de las que se benefician más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en otro golpe a las políticas migratorias impulsadas por el actual Gobierno.
El plan del Ejecutivo establece como fecha límite el 24 de abril, día para el que teóricamente 532.000 personas que emigraron a Estados Unidos gracias a un programa impulsado por la Administración de Joe Biden en 2022 quedaban desprotegidos y se arriesgaban a ser detenidos en caso de que no hubiesen abandonado ya el país norteamericano de manera voluntaria.
Sin embargo, para la jueza Indira Talwani, de un tribunal de Boston, la eliminación del programa sin justificarlo “caso por caso” pone en entredicho el cumplimiento del Estado de derecho, toda vez que se trata de migrantes llegados de manera legal con un programa impulsado por el propio Gobierno, según la cadena CBS News.
Trump ha prometido endurecer la política migratoria de Estados Unidos y acelerar las deportaciones, pero en este cometido se ha topado con el recelo de unos tribunales que ya han tumbado algunas de sus medidas. A finales de marzo, otro juez puso en entredicho la finalización del estatus de protección política brindado a más de 350.000 venezolanos.