
Tras declararle la guerra a las maras y establecer el régimen de excepción hace ya casi cuatro años, El Salvador ha logrado disminuir su tasa de homicidios a 1,3 por 100.000 habitantes, según las cifras del Gobierno. El país ha pasado de ser uno de los más violentos al más seguro de América, aunque no sin ser objeto de críticas por parte de varias ONG, que no están de acuerdo con las formas empleadas bajo el paraguas del régimen de excepción aprobado en marzo de 2022. Tras una conferencia en Madrid, el abogado y vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa (Chinameca, 1951), recibe a 20minutos para abordar “el milagro de la seguridad” en su país, pero también los siguientes pasos a dar para convertir a El Salvador en un país con capital humano cualificado en el que las empresas internacionales estén dispuestas a invertir.
El Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir de manera significativa la criminalidad. ¿Cómo garantizarán la sostenibilidad de los resultados a largo plazo? ¿Qué estrategias están desarrollando para prevenir el delito?
Atacando las causas estructurales que generan el delito. Hay mucha laxitud de las normas y precariedad en las comunidades. El delito es un fenómeno social. La gente no delinque porque quiere delinquir, lo hace por las condiciones en las que se encuentra. Las maras no nacieron por generación espontánea, fue producto del abandono del Estado a las comunidades. Los niños que eran huérfanos de la guerra se fueron estructurando, luego los deportados de Estados Unidos los fueron trabajando. Se convirtieron en pandillas y después se asociaron con el crimen organizado. Y ese fue un monstruo que llegó a crear un Estado paralelo, un flagelo que controlaba el territorio nacional y que imponía sus propias normas. Es decir, una estructura criminal insertada en la sociedad y en el Estado.
¿Qué han hecho entonces en estos últimos cuatro años en los que ha estado vigente el régimen de excepción?
Hemos ido desarticulando la estructura criminal y quitando el territorio [a los grupos criminales]. Hemos llevado servicios públicos a las zonas que no podían llegar porque las controlaban ellos, empezando por la educación. Las escuelas eran objetivo de las maras porque ahí reclutaban niños, los ocupaban para extorsiones y vendían drogas. Los médicos no podían llegar a los centros de salud comunitarios porque las maras les cobraban una renta. A las enfermeras las extorsionaban y las violaban. Hemos tenido que recuperar los espacios públicos para que la juventud pueda encontrar formas alternativas de interactuar porque, cuando las pandillas controlaban las comunidades, la juventud o se integraba o se excluía y se iba para Estados Unidos.
¿Qué oportunidades le está brindando el Estado a esos jóvenes?
Hemos dado miles de becas. [En marzo de 2025] el presidente anunció 15.000 becas para los estudiantes que iban a salir del bachillerato a la universidad. Ahora, hemos abierto un programa a través de la plataforma colombiana Placer, que da acceso gratuito a cursos a todos los estudiantes. Nosotros le pagamos a la empresa y esta da esos cursos. Estamos invirtiendo en la niñez, en la juventud, en el capital humano. Estamos dando la oportunidad [a las personas] para que se formen y eso garantizará que no haya el abandono que hubo en la posguerra.
Desde que se estableció el régimen de excepción en marzo de 2022 han arrestado a unas 91.000 personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales. ¿Existen planes de reinserción social para ellos?
Eso va a depender de la pena que se les haya impuesto. Hay personas que están condenadas a 300 años que no van a salir y hay otras condenadas a 20 años, que sí lo harán. El Cecot es una propiedad rural de 230 hectáreas que adquirió el Estado, de las cuales el centro solo ocupa 30. El resto está pensado para que los reos tengan granjas de cerdos, de pollos y produzcan su propia alimentación en la cárcel. El Cecot es para los miembros de los grupos terroristas. Aquí [en Europa] no hubo segunda oportunidad para los criminales de guerra: o fueron ajusticiados o estuvieron presos de por vida. En El Salvador los terroristas estarán presos el resto de sus vidas.
¿Entendemos entonces que los programas de reinserción son solo para los reos comunes?
Sí. La política penitenciaria de El Salvador es de las más reconocidas en el mundo porque, a través del programa Cero Ocio, tenemos una máquina de 3.000 presos haciendo uniformes para estudiantes y para la policía. También fabrican pupitres, hacen pan, siembran. Próximamente, tendremos una exposición de pintura de todos los presos, porque también se les dan clases de arte, de pintura. Pueden salir graduados del bachillerato y de la universidad desde la cárcel. Es decir, hay una segunda oportunidad y una política de reinserción para el reo común. El terrorista está en el Cecot.
Varias ONG han denunciado que la prolongación del régimen de excepción socava el derecho a un juicio justo. De hecho, un centenar de familiares de detenidos se manifestaron el domingo pasado contra los juicios masivos y han denunciado irregularidades en los procesos. ¿Cabe la posibilidad de que existan errores en los procesos?
Yo creo que sí. No hay ninguna obra humana perfecta. El tema es que ya no es un problema del Gobierno. El Ejecutivo no interfiere en la judicatura, en la separación de poderes. Los jueces son libres y son ellos los que deciden quién se queda y quién se va. Lo que tienen que hacer las familias es probar que el detenido no es miembro de un grupo terrorista, de una pandilla. Así han salido 8.000 personas y hay otros que siguen saliendo. Y el que no tiene para pagar [un abogado] tiene uno de oficio de la procuraduría.
Entiendo…
Hace tres meses un comisionado fue condenado por cobrar extorsiones. Lo que hacían las pandillas lo hacía él, que era policía. Ahora está preso y ha sido condenado a 25 años. Es decir, hay errores que los cometen los agentes de la autoridad, no el Estado. Y esa es la diferencia. El Mozote fue una matanza contra una comunidad hecha por el Estado. La represión era política de Estado. Ahora, el Estado no reprime. Hay agentes de autoridad que cometen errores, pero es una responsabilidad individual y [ante esta situación] la Policía ha abierto una oficina para quejas de familiares. Pero, como decía, si hemos capturado a casi 100.000 y han salido 8.000, quiere decir que la operación ha sido un éxito, solo con un 8% de margen de error, que iremos reduciendo.
¿Cómo definiría las relaciones entre España y El Salvador? Se lo pregunto porque Nayib Bukele aseguró en 2024 que le había ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un “avión lleno” de ayuda para contribuir a paliar los efectos de la DANA y que el Gobierno de España se había negado.
Y no era cualquier ayuda. Le íbamos a mandar expertos que habíamos probado en el terremoto de Turquía, gente de primera línea. Eran exploradores y rescatistas. El Gobierno simplemente declinó. No aceptaba [ayuda] ni de Europa ni de nadie.
¿El Gobierno de España les mandó una respuesta por escrito?
No sé si fue por escrito o a través de una comunicación verbal con la embajada, pero no se hizo. Entonces, como en Costa Rica estaba ocurriendo un fenómeno similar, les mandamos 300 camiones con medicinas. El rey [Felipe VI] y el ministro Albares estuvieron después en una cumbre en un país latinoamericano y aproveché para presentarle mis respetos a su majestad por haber ido a dar la cara, por haber tenido ese talante de jefe de Estado de haber ido a ver a las víctimas. Mientras que el presidente Sánchez corrió y se fue.
Durante la conferencia que ha dado en Madrid ha asegurado que El Salvador está en busca de socios estratégicos. ¿Ve a España como uno de ellos? ¿En qué sectores?
Sí. Nuestra industria hotelera está creciendo exponencialmente. Con los cinco conciertos que hizo Shakira [recientemente] no había una habitación libre en todo el país. Necesitamos industria hotelera, restaurantes, transporte. Solo tenemos un vuelo diario entre Madrid y El Salvador, necesitamos mejorar la conectividad para atraer más turismo. Las empresas españolas ya están colaborando en la ampliación del aeropuerto, en la construcción de un bypass enorme que están haciendo con un financiamiento de Corea. En el tema de la innovación, Indra es un socio importante para la organización de procesos electorales. Además, varias empresas españolas han venido a instalar paneles solares. Hay una gran cantidad de rubros en los cuales con España podríamos tener una incremento en esta relación de inversión directa extranjera.
¿Qué opina el Gobierno salvadoreño de la regularización de 500.000 inmigrantes que ha planteado el Gobierno de España?
No tenemos opinión porque no lo conocemos. Mal haríamos en opinar de un tema que no conocemos.
La población salvadoreña en España ha crecido. En 2019 el INE contabilizó unos 20.000 salvadoreños en el país y tres años más tarde ese dato ya rondaba casi los 30.000. ¿A qué cree que se debe esto?
Hay una petición constante de España de trabajadores. Hemos enviado enfermeras y hay mano de obra salvadoreña recogiendo fresas en Huelva. España y Europa tienen déficit de mano de obra porque son poblaciones que no han tenido crecimiento demográfico. La población está envejeciendo y se necesita mano de obra. No sé si ya se hizo con España, pero queremos firmar un convenio para tener un programa de trabajadores migrantes como el que tenemos con EEUU, Canadá y otros países. Los trabajadores van a recoger cosechas a California y después regresan a El Salvador. Otros van a trabajar en hotelería por dos años. El primer mundo está necesitando la mano de obra de nuestros países y estamos buscando que haya una migración regulada, porque la migración es un derecho humano fundamental. No hay que combatir la migración, hay que regularla.
Un juez ha ordenado a la Administración de Donald Trump que facilite el regreso a EEUU de los venezolanos enviados al Cecot para que continúen con sus procesos de inmigración, si así lo desean. ¿Qué sucederá con esos venezolanos que siguen bajo custodia en su país?
Mientras estén pagando ellos la cuota por tenerlos [en El Salvador], van a estar ahí. Pero si hay una orden judicial y la administración decide cambiar [su postura], se cambiará. Nosotros no tenemos ninguna relación jurídica con ninguno de los países de origen. Lo mismo sucedió con Noruega, que transfirió 400 presos a cárceles de Holanda. Esto es una práctica europea.


