Este martes se cumplen 50 años del golpe de Estado que llevó a Argentina a su última dictadura. Un periodo en el que se secuestró, torturó y asesinó a miles de ciudadanos, como demostraría años después el fiscal Ocampo en el juicio a las Juntas Militares.
Cuando la democracia toma el relevo de una dictadura no siempre lo hace con la justicia en la mano. En ocasiones el pasado se barre debajo de la alfombra y la memoria se queda huérfana de verdad. En una transición cualquier paso en falso puede resucitar a los fantasmas del pasado y por eso es tan difícil encontrar un ejemplo como el de Argentina. En 1985 la Justicia de este país asumió la compleja tarea de sentar en el banquillo a los líderes de la Junta Militar que había gobernado desde 1976.
Uno de los dos fiscales encargados del juicio era un joven Luis Moreno Ocampo (Buenos Aires, 1952), que décadas después mantiene fresco el recuerdo de Videla, Massera y Galtieri escuchando atentamente las pruebas que demostraban las desapariciones, torturas y exterminio a las que habían sometido a parte de su población. Aquel ejemplo sirvió para que años después se creara la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Ocampo fue su primer fiscal jefe. Desde un despacho de Buenos Aires atiende a 20minutos para hablar del aniversario del golpe de Estado en Argentina; pero también del papel de la Corte como instrumento del derecho internacional en un mundo cada vez más violento y de cómo hacer justicia en lugares como Ucrania, Gaza o Venezuela.
Este martes se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura en Argentina, ¿cómo recuerda el país previo al golpe de Estado?
El golpe fue la consecuencia de una élite política argentina que no supo manejar los conflictos. Desde los años 70 habían aparecido grupos guerrilleros entrenados en Cuba que se planteaban tomar el poder por la fuerza. Cuando regresa Perón y muere al poco tiempo se queda en el poder su esposa, influenciada por un personaje muy oscuro, López Rega, que implantaba desde la censura en el cine hasta el asesinato de personas que consideraban de izquierda. Se generó un Gobierno que era una mezcla de catolicismo antiguo con ambiciones muy anticomunistas, donde grupos que formaban parte del poder y eran peronistas se mataban unos a otros. Era un país con mucha violencia y la gente percibió que Isabel Perón, que era una mujer sin preparación política, no estaba capacitada para ese momento de la historia donde los golpes militares se habían convertido en la alternativa que usaban las elites argentinas. Los militares tomaron el poder político para enfrentar a lo que llamaban la subversión mientras que la Unión Industrial Argentina se hacía cargo de la economía. Por eso no hubo mucha oposición. Fue un golpe hecho con mucha tranquilidad.
Los primeros años de dictadura estuvieron marcados por los crímenes del Estado, algo que usted tuvo que probar años después en el juicio a sus líderes. ¿Le sorprendió lo que encontró cuando comenzó a investigar o durante los años de dictadura ya se intuía todo lo que estaba pasando?
No se sabía nada. En aquella época había una capacidad de censura total. Los militares incluían lo que llamaban planes de acción psicológica para convencer a la gente de que ellos hacían todo bien y los que reclamaban eran subversivos a los que se podía eliminar. Las guerrillas, a diferencia de las peleas entre Estados, no dan batallas en un frente. Los guerrilleros se escondían y se organizaban en células que nadie conocía. Es entonces cuando los militares inventaron un modelo de secuestros, iterrogatorios con tortura sistemática y violenta con la que empiezan a conseguir información muy rápido y a arrestar masivamente. Los militares dijeron que tenían que matar a unas 10.000 personas, pero habían visto que Pinochet, en Chile, había matado a mil y pico y ya tenían muchas críticas internacionales, así que decidieron matar y ocultar los cadáveres. Pero con el tiempo, el Ejército no pudo explicar el número de desaparecidos, y eso fue una especie de talón de Aquiles, porque cuando empieza a caer la dictadura y en 1983 comienza la campaña electoral, se va eliminando poco a poco la censura. La campaña terminaba en noviembre, así que en septiembre la dictadura se dicta a sí misma una autoamnistía. Y ahí es cuando Alfonsín, como candidato a presidente, hace una cosa inesperada y promete dejar sin efecto la amnistía y juzgar a los comandantes.
¿No temía que el Ejército se pusiera en su contra?
Esa fue una de sus jugadas. Hay que recordar que en aquella época el modelo español de transición a la democracia era el que todos los profesores de política internacional comentaban como un modelo pactado: no se puede investigar al poder que se va porque lo vas a provocar y va a atacarte. Pero Alfonsín se animó y ganó las elecciones con esa promesa. Además, también incluyó que se juzgara a los guerrilleros. Él mostraba que estaba contra la violencia en general, no contra un grupo. Rompía el esquema binario y consiguió un pacto con las demás fuerzas políticas. La primera ley que mandó al Congreso fue una que dejaba sin efecto la autoamnistía militar. De ese modo la propuesta se convirtió en algo de todos los partidos políticos, y por eso duró y se convirtió en el pacto fundante que mantuvo a Argentina democrática. Después hubo gente independiente que armó la primera comisión de investigaciones, la CONADEP, que realizó un informe documentado con 2.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Y ya luego es cuando entramos nosotros, los jueces y fiscales.
¿Cómo recuerda el momento en el que le llega el caso?
Aunque se había propuesto que fuera la justicia militar la que juzgara a los comandantes, había una cláusula que aplicaron los jueces civiles por la que si los militares no hacían nada o demoraban el caso, ellos se podían hacer cargo. Lo asumieron y le pidieron a los fiscales que investigaran. El caso fue a parar al fiscal Julio Strassera, que me llamó para pedir ayuda. Yo tenía 33 años, era profesor de la facultad y asesor del procurador general de la Nación en casos contra la Corte Suprema. Yo le dije que era un honor para mí, pero que nunca había investigado un caso en mi vida, y él me respondió que mejor, porque si lo hacíamos como se hacían las cosas en Argentina no iba a salir.
¿Qué hicieron diferente?
Los comandantes y sus defensores, que eran exjueces, pensaron que no íbamos a tener pruebas. Consideraban que era imposible investigar en cuatro meses miles de casos. En un país que para juzgar un caso de homicidio hacía falta siete años. Y por eso fueron sorprendidos cuando en abril de 1985 presentamos 2.000 testigos y más de 15.000 expedientes judiciales para probar los hechos. Además, los jueces hicieron una cosa muy importante que fue ser veloces en las audiencias públicas. En cinco meses tomaron declaración a 800 testigos. Y la verdad es que en la película Argentina 1985 se aprecia bien el momento en el que el caso cambió por completo: fue cuando llegó el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, que había tenido un bebé en el asiento de un patrullero tras ser secuestrada. Ahí la sociedad empezó a ver las cosas diferentes.
¿En que lo notó?
El juicio no se retransmitía en directo, pero salía información a través de los diarios. Mi madre, que leía el diario conservador La Nación, vio cómo el periodista, que estaba a favor de los generales pero hacía un buen trabajo periodístico, hizo una crónica de aquel testimonio. Mi abuelo fue un general y mi madre amaba a los militares. Incluso iba a misa con el general Videla porque vivían en el mismo barrio. Ella estaba en contra de lo que yo estaba haciendo y me decía que era imposible lo que le decía. Pero al día siguiente de ese testimonio, me llamó por teléfono y me dijo: “Yo todavía quiero a Videla, pero tiene razón, él tiene que ir preso”. El juicio tuvo muchas consecuencias legales y técnicas, pero sobre todo tuvo un impacto comunicacional devastador, porque transformó la percepción de lo que había ocurrido.
¿Cómo fue tener a los líderes de la dictadura delante y saber que estaba en sus manos que se hiciera justicia?
Durante el tiempo que estuvimos trabajando, tanto antes como en el juicio, siempre sentimos una enorme responsabilidad. Pero fue un placer cuando estuvieron frente a nosotros e hicimos el alegato final y les veías ahí sentaditos escuchándonos mientras mostramos las pruebas. Realmente en ese momento sentimos que estábamos representando a la sociedad argentina.
Tuvieron que demostrar en el juicio que los líderes de las Juntas Militares estaban detrás de un plan y que no fueron “solo excesos”, como se argumentó entonces. ¿Cómo lo hicieron?
Tuvimos que demostrar que cada detención, cada tortura y cada homicidio había sido ordenado siguiendo un plan que llevaban a cabo subordinados y era supervisado por los comandantes. Nuestra tarea era mostrar esa conexión. Y lo logramos. Tuvimos varios generales inferiores a Videla que reconocían que ellos revisaban los campos y recibían informes, negaban que pasara algo malo, pero reconocían su presencia. Presentamos unos 20 documentos de oficiales que reconocieron secuestros. Era como una especie de gran rompecabezas. Incluso conseguimos el último día un documento del presidente de Francia en el que uno de los miembros de la Junta, Massera, reconoció el secuestro de un grupo de franceses, incluyendo a las famosas monjas. En el documento se afirmaba también que habían sido asesinadas, pero atribuyó la responsabilidad al Ejército, no a la Marina.
Fue un placer verles sentados escuchando nuestras pruebas. Estábamos representando a toda la sociedad
En ese primer juicio no se acusa de lesa humanidad ni genocidio, aunque en Argentina sí se les llama genocidas a los condenados por los hechos de la dictadura.
No es un genocidio porque no es un grupo religioso o étnico, sino que fue por razones políticas. Llamarlo genocidio es una cuestión popular. Julio en un momento si llegó a decir que fue el mayor genocidio de toda Argentina, aunque técnicamente no lo és. Pero la realidad es que eso no importa. El término no le quita peso a lo ocurrido. Es un crimen masivo y, aunque no fueron juzgados en ese primer juicio como lesa humanidad, sí lo es y por eso no son prescriptibles.
Años después el Gobierno argentino indultó a los generales y se promulgaron leyes que las víctimas tomaron como una afrenta al juicio. ¿Cómo lo tomaron ustedes?
Lo cierto es que la limitación que había puesto Alfonsin de juzgar solo a los jefes se le cayó porque según la ley había que juzgar a los autores de actos atroces y aberrantes. Intentó una solución intermedia con la Ley de Punto Final, que daba un plazo muy breve para procesar oficiales. Él pensaba que serían 15 y los jueces llamaron a 500. Esto terminó en un acuartelamiento en lo que se llamó la Revolución de Semana Santa. Un hecho que provocó una demostración masiva popular en favor del Gobierno democrático, pero también que Alfonsín promulgara la Ley de Obediencia Debida, que evitaba que se pudieran juzgar por debajo del rango de coronel. Luego llegó Menem, que era muy astuto, y en Navidad de 1990 ordenó directamente los indultos para evitar problemas con los militares, que seguían presionando. Aunque en ese momento yo reaccioné públicamente en contra, con el tiempo entendí que en esa época el presidente tenía miedo de que el grupo Carapintada, que estaba detrás de los amotinamientos de militares, tomara al poder del Ejército. Él lo que hizo fue cerrar todo el pasado de investigaciones y así dejar a los militares contentos.
Sin embargo, a principios de siglo, con la llegada de Néstor Kirchner, se vuelven a reabrir los casos y se quitan los indultos.
Es que cuando Kirchner llegó ya estaba todo tranquilo y se dio cuenta de que era popular abrir las investigaciones. En la época de Kirchner el relato histórico estaba muy construido por gente que había sido parte del grupo Montoneros y entonces básicamente pretendían que los únicos malos fueran los militares y no se cuestionara a los montoneros. Realmente creo que la puesta en perspectiva de todo el contexto de lo que pasó la hizo la película Argentina 1985. Este proceso pasó por Alfonsín, que abrió la puerta; Menem, que perdonó; Kirchner, que reabrió; y la película, que pudo volver a la narrativa de consenso de Alfonsín.
¿Siente que actualmente se está cuestionando el papel de la dictadura?
Vivimos en sociedades democráticas donde estamos unidos, pero somos diferentes, y en temas como este, que son tan graves, como en España ocurre con el franquismo, sigue habiendo puntos de vista diferentes. Cuando veo que para enfatizar los crímenes cometidos por las guerrillas un legislador que representa al Gobierno de Javier Milei se basa en el juicio a las Juntas y en el informe de la CONADEP, dos cosas que, junto con las elecciones, ya conforman una especie de piedra fundamental de la democracia argentina, a mi lo que me da es orgullo. En Argentina la democracia tiene muchos problemas, pero por lo menos se mantiene. Hasta 1983 ningún gobierno democrático elegido libremente terminó su mandato. Eso terminó. No está todo resuelto, pero esa parte sí.
Donde aumentan los conflictos es en el resto del mundo. El caso de Ucrania, Gaza o recientemente Irán. Usted, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), ¿cómo ve lo que está ocurriendo?
Yo aspiraba a que la Corte Penal Internacional tuviera un impacto similar al que tuvo el juicio a las Juntas en Argentina, pero no, hemos vuelto a las guerras. La justicia no ha desaparecido, pero está coexistiendo con el modelo de guerras. En realidad Putin está procesado, aunque la guerra no ha terminado. Y Trump ataca a la CPI, pero eso no quiere decir que pueda acabar con ella. Estados Unidos perdió la guerra con Afganistán, en Irak tampoco les salió bien y vamos a ver qué pasa ahora en Irán. Eso demuestra que el modelo de hacer la guerra tampoco les está funcionando muy bien. Lo que hay que hacer es mejorar las instituciones judiciales. Y lo que veo es que no hay un liderazgo político mundial en ese sentido. Pedro Sánchez está en contra de la guerra, pero no se propone tomar un rol más grande. Y Europa, que debería estar apoyando que la Corte Penal Internacional pueda investigar el crimen de agresión, no lo está haciendo.
¿Se podrá enjuiciar en algún momento a los responsables de lo que está ocurriendo?
Putin está procesado por crímenes de guerra en Ucrania y Netanyahu en Gaza. Al igual que Hamás. Pero claro, no hay una policía mundial. Lo que nos falta no es una corte, sino que los políticos quieran hacer justicia para la gente, que entiendan los límites legales. Toda esta actividad va a acabar mal y Trump va a terminar con problemas. Yo creo que en pocos años la cosa va a ser diferente, pero tenemos que estar listos para implementar algo nuevo.
¿Cómo ve el proceso judicial que se ha iniciado contra Maduro en Nueva York?
Venezuela es parte de la Corte Penal Internacional. Y, de hecho, el fiscal estaba ya por sacar los arrestos contra generales venezolanos y quizás contra el propio Maduro. Usemos lo que ya hay, pero invadir un país para sacar al presidente y quedarse con el petróleo es un acto del siglo XVI.
“Invadir un país para sacar a su presidente y quedarse con el petróleo es un acto del siglo XVI”
¿Cree que estamos en un momento en el que habría que redefinir el derecho internacional?
Hay que mantener lo que está, aprender de eso y mejorar. Tenemos que hacer sistemas internacionales de justicia para los terroristas. Una corte que incluya a Estados Unidos, Rusia y China, que nunca van a aceptar a la Corte Penal Internacional. Tenemos que inventar algo también para la cuestión de las drogas, aunque no creo que en ese caso se resuelva por criminalización. Y, sobre todo, tenemos que crear algo para el crimen de agresión. Invadir otro país es el crimen más grande. En 2010, en Kampala, se definió el crimen de agresión, pero Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia no firmaron las enmiendas para que pudiera investigarlo el CPI y eso hay que cambiarlo. Europa ahora lo está entendiendo cuando ve amenazado su territorio en Groenlandia. Hay que usar las leyes que tenemos y mejorar la coordinación y su implementación.