Irán ha ejecutado en 2025 al menos 1.639 personas, un 68% más que el año anterior y una cifra que supone la más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). Solo 113 de esas ejecuciones han sido anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7%, del total, frente al 9,5% en 2024 y al 15% en 2023.
Casi la mitad de las muertes, además, se produjeron por delitos relacionados con la droga, un aumento del 58% frente al año anterior. Un total de 37 tuvieron lugar por cargos de violación y al menos 57 se dieron por rebelión armada (baghi), enemistad contra Dios (moharebeh) y corrupción en la Tierra (efsad-fil-arz). Estos últimos se trata de tres cargos relacionados con la seguridad por los que perdieron la vida, entre otros, dos manifestantes, 18 prisioneros políticos, 13 acusados de espionaje y un condenado por corrupción financiera.
El informe conjunto señala que al menos 48 mujeres fueron ejecutadas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta en 20 años. IHRNGO y ECPM destacan también que 11 ejecuciones se llevaron a cabo en espacios públicos y que se quitó la vida a al menos 84 ciudadanos afganos, frente a los 80 de 2024 y los 16 de 2022. Entre los no iraníes hay también tres iraquíes y otra persona identificada solo como extranjera.
El recuento refleja que 852 de las ejecuciones en 2025 y más de 5.972 desde 2010 se han basado en condenas a muerte dictadas por los Tribunales Revolucionarios. Según las dos ONG, estas cifras revelan una escalada sin precedentes del uso de la pena de muerte en Irán, una tendencia que comenzó tras las protestas desatadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini por no llevar el velo correctamente.
“La pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, y las minorías étnicas y otros grupos marginados están sobrerrepresentados entre los ejecutados”, dice el director ejecutivo de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan.
IHRNGO y ECPM han dejado claro que sigue habiendo ejecuciones en el país, cuya población vive ahora “bajo el miedo y la ansiedad de bombardeos diarios” en el marco de la actual guerra. El documento aclara que el año pasado IHRNGO fue notificada de 553 ejecuciones que no pudieron ser verificados por dos fuentes independientes, una cifra más de diez veces superior al número anual de informes de ejecuciones no confirmadas en los cuatro años anteriores.
La organización dijo no poder descartar la posibilidad de que algunas denuncias formen parte de una campaña de desinformación de la República Islámica para desacreditar a las organizaciones de derechos humanos.
El primer informe de IHRNGO, en 2008, registró 350 ejecuciones ese año. Desde entonces, el total ha superado las 11.196, lo que sitúa la media en 622 anuales. Con la publicación de este informe, las dos ONG hacen un llamamiento a la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas y gobiernos con relaciones diplomáticas con Irán, para que coloquen la abolición de la pena de muerte en el centro de su compromiso con Irán y apoyen el creciente movimiento abolicionista dentro del país.