La presión internacional sobre Israel sigue creciendo, pero lo hace de manera no demasiado coordinada. Este lunes España se ha sumado al pequeño grupo de países que aprueba medidas unilaterales contra el Tel Aviv por la situación en Gaza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un total de nueve medidas que van desde el embargo de armas a Israel, estableciendo una prohibición legal y permanente de su compra y venta, junto con la restricción al tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible hacia ese país y la denegación del uso del espacio aéreo español a aviones que lleven material bélico o de defensa. Además, se propone prohibir la entrada a España de personas vinculadas con la guerra en Gaza, incluidos criminales de guerra, así como impedir el comercio de productos procedentes de los territorios ocupados en Gaza y Cisjordania. En esa misma línea, se limitarían los servicios consulares en los territorios ocupados al mínimo permitido por el derecho internacional.
Paralelamente, se busca reforzar el apoyo del Estado español a la Autoridad Palestina mediante un mayor despliegue de efectivos en la operación de la UE en Rafá y el impulso de proyectos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Asimismo, se contempla incrementar la contribución española a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA) en 10 millones de euros adicionales y aumentar la ayuda humanitaria hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026, como muestra de un compromiso sostenido en la atención a la población afectada.
Este paso es una medida de presión también para la Unión Europea, que sigue sin suspender el acuerdo de Asociación con Israel y cuyas sanciones se limitan de momento a la situación de los colonos en Cisjordania. Así, Francia, Bélgica, Irlanda, Turquía, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega son otros países que han aprobado pasos unilaterales para apretar al Gobierno de Benjamin Netanyahu, pero en muchos casos se trata de medidas que son meramente simbólicas.
Las sanciones comerciales, las más comunes
A nivel comercial, Turquía detuvo completamente exportaciones e importaciones con Israel en 2024, tras reducir previamente el envío de 54 categorías de productos como acero, fertilizante y combustible de aviación. Además, Canadá, Japón, Bélgica (región de Valonia), Países Bajos, Italia, España, Francia, y Australia han dejado de emitir nuevas licencias o exportar armas y municiones a Israel. El caso belga es peculiar porque, al mismo tiempo, su Gobierno ha anunciado que reconocerá la próxima semana en la Asamblea General de la ONU al Estado palestino -algo que ya han hecho por ejemplo España, Irlanda, Eslovaquia o Malta-, pero en un paso condicionado a que Hamás libere a los rehenes israelíes que mantiene secuestrados.
Por otro lado, varios países anglosajones entraron en el terreno de sanciones personales al imponer medidas contra funcionarios israelíes. Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega aplicaron sanciones estilo Magnitsky -es decir, de tipo económico y de entrada en los países- contra los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, incluyendo prohibiciones de entrada y congelamiento de activos.
Además, la Unión Europea ha puesto en marcha propuestas como la suspensión parcial del acceso de Israel al programa de investigación Horizon Europe, aunque la división entre sus Estados miembros ha impedido una acción unificada en este sentido.
La mayoría de medidas son simbólicas
Uno de los principales matices que se dan respecto a las sanciones impuestas por Francia o Reino Unido, entre otros, es que estas no tienen un impacto directo sobre la economía israelí. “Tenemos que endurecer nuestra posición porque hoy en día es una necesidad, pero todavía tengo la esperanza de que el gobierno de Israel cambiará la suya y tendremos por fin una respuesta humanitaria”, explicó Emmanuel Macron hace meses. Para él, el reconocimiento del Estado palestino, dijo, “es una deber moral”, pero todavía no ha dado ese paso.
Muchas voces asumen que si se mueven países como Francia, Reino Unido o Alemania, la presión sobre Israel será mucho mayor para hacer cambiar de parecer a Netanyahu; de momento, la mayoría de medidas tiene que ver con los asentamientos en Cisjordania y estas son una serie de sanciones que se han hecho en consonancia con la Unión Europea y que no ponen el foco sobre Gaza.
El caso alemán, la clave de todo
¿Y qué pasa con Alemania? El principal aliado de Israel en Europa también se está moviendo en las últimas semanas y el pasado mes de agosto el Gobierno que lidera Friedrich Merz anunció que está valorando la posibilidad de prohibir el tránsito de barcos cargados de armamento para Tel Aviv si no cambia la postura del Ejecutivo de Netanyahu en Gaza. Eso sí, todavía no ha anunciado medidas concretas. En Bruselas asumen ya que existe una “mayoría creciente” de países que apoyan las sanciones contra Israel, como explicó la Alta Representante, Kaja Kallas, pero frente a eso hay una minoría de bloque que todavía frustra pasos más relevantes en ese sentido: esa minoría se mantiene liderada por Berlín. Los expertos, de hecho, tienen claro que si Alemania cambia de postura, todo el tablero se moverá.
La UE sigue sin consenso
Y mientras la Unión Europea sigue buscando el consenso sobre si sancionar con más dureza a Israel. Hay Estados miembros que, de hecho, no han anunciado medidas unilaterales a la espera de una respuesta común, como es el caso de Portugal. Hasta ahora el bloque sí ha dado luz verde a medidas algo más tibias y sobre todo centradas en Cisjordania, pero por ejemplo no ha encontrado la unidad para suspender el acuerdo de asociación de la UE con Israel pese a que un informe interno revela que Tel Aviv está incumpliendo el artículo 2 del mismo, relativo al respeto de los derechos humanos. Existe, eso sí, la posibilidad de que se bloquee al menos la parte comercial del pacto, dejando vigente la relacionada con la cooperación política.