La Comisión Europea ha reaccionado este jueves al plan de regularización masiva que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo ha hecho para avalarlo y reconocer al mismo tiempo el escaso margen de maniobra que tiene el Ejecutivo comunitario en este tema. “Está claro que es responsabilidad de cada Estado el estatus que pueden tener las personas que están residiendo de manera ilegal en el país”, comentó en rueda de prensa el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austriaco Magnus Brunner, que además dijo entender el movimiento del Ejecutivo español.
“Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal de esa migración y ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España”, comentó antes de reiterar que se trata de una competencia de los países miembros. Asimismo, fuentes comunitarias consultadas sobre el tema por 20minutos han confirmado que una cosa es la gestión que se haga de las llegadas acorde al pacto europeo de migración y asilo y otra es el estatus que se dé a las personas que ya están dentro del Estado miembro.
No obstante, el PP ya ha registrado una pregunta a la Comisión para que analice si la medida anunciada por Sánchez va en contra de los acuerdos de política migratoria europea, y si una medida de este alcance puede aplicarse con carácter general o, por el contrario, debe abordarse caso a caso, conforme a los compromisos asumidos por los Estados miembros, según han confirmado desde las filas populares.
La delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo subraya que esta regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular anunciada para este año, tiene potencialmente un “amplio alcance” y “un número elevado de beneficiarios”, por lo que puede tener efectos directos sobre el resto del espacio Schengen. Por ello, la pregunta subraya que este anuncio debe evaluarse teniendo en cuenta los compromisos asumidos por los Estados miembros en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo y de la gobernanza del espacio Schengen, el impacto de las regularizaciones nacionales sobre la libre circulación, los flujos secundarios y la confianza mutua entre Estados miembros.
Asimismo, el PP demanda a la Comisión si considera que esta medida debe aplicarse a casos individuales y no con carácter general, según prevén las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2008, y si hacerlo de manera general resulta compatible con dichos principios y con el acervo Schengen. La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, subraya que las decisiones unilaterales en materia migratoria tienen “consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea”, por lo que considera imprescindible “garantizar el respeto a los compromisos europeos y la coherencia con el marco común de migración y asilo”.
La respuesta de Brunner se ha dado en la rueda de prensa en la que la Comisión Europea ha presentado sus estrategias de migración y asilo y de visados para los próximos cinco años. Lo ha hecho con un mensaje claro: la prioridad son los retornos y el control de fronteras, unas llamadas a la acción de las que por ejemplo España ya se ha desmarcado, siendo el verso suelto de la Unión actualmente en lo que a política migratoria se refiere.
En la hoja de ruta de la Comisión hay seis ejes: diplomacia migratoria; fronteras fuertes; un sistema de asilo y migración “justo, firme y adaptable”; retornos y readmisión; vías legales y movilidad laboral; y el uso estratégico de recursos financieros junto con un mayor apoyo operativo. De hecho, estos documentos reafirman el giro hacia una línea más dura de la gestión migratoria, algo que piden en torno a 20 Estados miembros de la UE -que en octubre por ejemplo reclamaron a Bruselas retornos rápidos de los migrantes afganos-, liderados por Italia. Es más, el Ejecutivo de Giorgia Meloni ya consiguió que Bruselas diera por buenos sus ‘centros de retención’ de migrantes (que la justicia nacional sigue sin aprobar).
Con todo, Bruselas trata de hacer hincapié en que la estrategia tiene como objetivos “prevenir la migración irregular y romper el negocio de las redes criminales de tráfico de personas, proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución” evitando al mismo tiempo, añaden, “el abuso del sistema”, y también pretenden “atraer talento a la UE para impulsar la competitividad de nuestras economías”. Es decir, focalizan también la migración como mano de obra.