El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores del Gobierno del presidente Daniel Noboa, fue detenido en la madrugada del martes y enviado este miércoles a prisión preventiva por orden de un juez ecuatoriano.
Álvarez está acusado de integrar una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria que también salpica a sus dos hermanos y a otras ocho personas, todas arrestadas en Guayaquil, la ciudad más poblada y principal motor económico del país.
Las detenciones se produjeron en el marco del caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga la supuesta existencia de un “entramado societario complejo” vinculado a la comercialización de combustible, que habría corrompido a funcionarios públicos y evadido los controles de las instituciones estatales.
Alvarez, que en 2023 fue elegido alcalde de la mano de la izquierdista Revolución Ciudadana, el partido político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se ha convertido en uno de los más visibles opositores a Noboa, a quien el correísmo acusa de estar detrás de una supuesta “persecución política” hacia el alcalde.
El magistrado Jairo García dictó la misma medida para los hermanos de Alvarez, Xavier y Antonio, este último presidente del Barcelona, el club de fútbol más popular de Ecuador; y también para otros dos procesados.
Cinco personas más deberán presentarse periódicamente ante un juzgado y tienen prohibido salir del país; y un último procesado estará en arresto domiciliario, según precisó posteriormente la Fiscalía.
Además, el juez ordenó que se congelen las cuentas bancarias de los once imputados.
El abogado del alcalde, Ramiro García, dijo que el magistrado había tomado su decisión “sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso” y que se estaba utilizando “a la prisión preventiva como forma de pena anticipada”, por lo que apeló la medida.
El defensor había dicho antes de conocer la decisión que este caso se basa en “los mismos hechos” por los que el alcalde ya está vinculado a un proceso judicial denominado como ‘Triple A’, en el que se lo investiga por una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, relacionado a su negocio familiar de estaciones de servicio.
Sin embargo, aseguró que en esta ocasión el fiscal había sustentado su acusación en una pericia de conversaciones de WhatsApp y en una denuncia anónima. “No hay ni una sola documentación que demuestre un solo acto de lavado de activos o de delincuencia organizada ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles”, añadió.
Por el caso ‘Triple A’, que está pendiente de juicio, Alvarez usa un grillete electrónico y se presenta dos veces por semana ante una autoridad judicial
Hasta los exteriores del juzgado llegaron simpatizantes del alcalde guayaquileño y miembros del correísmo, entre los que estaba el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aseguró que pedir la prisión preventiva contra una autoridad electa que “ha cumplido con sus medidas cautelares y que está todos los días en territorio” es “una barbaridad”.
“Cuando la Justicia se convierte en herramienta de persecución política se pone en riesgo la libertad, la democracia y los fundamentos básicos de la sociedad”, aseguró Muñoz, que pertenece igualmente a Revolución Ciudadana.
La Municipalidad de Guayaquil también rechazó la decisión judicial y convocó para este jueves a una “marcha pacífica” en respaldo a Alvarez.
“Mañana marcharemos con paz, pero con firmeza. Esta ciudad no tolera más atropellos ni renuncia a la legalidad como principio”, dijo la ahora alcaldesa en funciones, Tatiana Coronel.