Un nuevo terremoto sacude a la familia real británica. El arresto del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por su vinculación con el caso Epstein, ha abierto un escenario de difícil resolución.
El diario Daily Mail ha contactado con cuatro expertos juristas para intentar arrojar algo de luz acerca de lo que puede ocurrir después de la detención de un miembro tan importante de la familia.
Andrew Tettenborn, profesor de Derecho en la Universidad de Swansea, sostiene que “es casi seguro que la documentación acabará en manos del propio director de la Fiscalía de la Corona, Stephen Parkinson, cargo que anteriormente ocupaba sir Keir Starmer”.
“Andrés se enfrentará a una decisión crucial, sin resultados fáciles. Si se declara culpable, su nombre quedará manchado para siempre. Si se declara inocente, sufrirá un largo juicio con jurado, con toda la publicidad y la vergüenza que ello conllevaría para la familia real”, añade Tettenborn.
Este jurista cree que en todo caso, “no puede esperar favores. El rey lo ha expulsado del seno real y, ante tal interés público e incluso furia, el establishment no puede permitirse el lujo de doblegarse. Se enfrentará a la justicia como cualquier ciudadano común, y con razón”.
El Mail también ha hablado con Joseph Kotrie-Monson, director ejecutivo de Mary Monson Solicitors, un especialista en defensa penal a nivel nacional, explica que “aunque la pena máxima es cadena perpetua, suele conllevar sentencias mucho menos severas que los delitos sexuales: normalmente dos o tres años de prisión para casos menores”.
Kotrie-Monson cree que “el arresto de esta semana garantiza que exista la apariencia de que Andrés está siendo responsabilizado, aunque, al parecer, no está siendo investigado por delitos sexuales. En ese sentido, el daño que le ha causado, y por extensión a la familia real, hasta el momento, ha estado contenida”.
Sir Vernon Bogdanor, profesor de gobierno en el King’s College de Londres, dice que Andrés “ha causado un enorme daño a la reputación de la institución, y ya hay peticiones para que sea eliminado de la línea de sucesión”.
“Eso requeriría una ley parlamentaria, no solo en Gran Bretaña, sino también en los otros 14 reinos donde el rey es jefe de Estado. Esto llevaría tiempo”, advierte el erudito.
Otro abogado es Steve Barrett, que cree que “la perspectiva de que Andrés sea juzgado en un tribunal abierto plantea la posibilidad muy real de que el rey Carlos sea llamado a declarar”.
“Esto plantearía un fascinante e histórico dilema constitucional. Los abogados suelen afirmar que ningún monarca puede ser llamado a declarar en un juicio, ni procesado por ningún delito, según el antiguo principio de ‘inmunidad soberana”, explica Barrett.
Barrett prosigue: “Yo diría que, hoy en día, existe una clara separación constitucional entre ‘La Corona’ y el hombre o la mujer que la porta. Sospecho que, si llegara el caso, el rey podría testificar ante el tribunal si quisiera, aunque parece imposible que alguna vez se viera obligado a hacerlo”.
No obstante, Barrett dice que los miembros la familia real “siempre han estado muy atentos a la opinión pública. Si el rey creyera que testificar ante el tribunal podría salvar de alguna manera la institución de la monarquía, no dudo que lo haría”.