El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha asegurado que su país mantendrá el régimen de excepción —que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo del 2022 y que se ha prorrogado 47 veces— hasta que el pueblo lo decida. Así se ha pronunciado el político, y abogado de profesión, durante la conferencia ‘Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos: Respuestas Jurídicas a la Violencia en Sociedades Democráticas’, que ha sido organizada por la World Law Foundation y se ha celebrado este martes en Madrid. “El régimen de excepción se levantará cuando lo pidan los salvadoreños”, ha afirmado Ulloa tras citar una encuesta que indica que el 96% de la población desea que siga vigente.
“¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, ha preguntado irónicamente Ulloa ante el público, entre los que se encontraban la embajadora de El Salvador, Julieta Anabella Machuca y Machuca; el embajador de Guatemala Skinner-Klée Arenales; la embajadora de Albania, Entela Gjika; y el embajador de Siria, Abdullha Hallak. En este sentido, el vicepresidente ha matizado que está “totalmente de acuerdo con que las medidas excepcionales no deben ser permanentes“.
“El régimen de excepción se impuso para limitar garantías constitucionales de carácter individual y con propósitos judiciales. Ni una sola libertad pública fue afectada”, ha afirmado el líder salvadoreño antes de recordar que no se han restringido las libertades de asociación y de movimiento. “El Régimen de Excepción solo afecta dos garantías constitucionales. Una es que las detenciones administrativas [que duraban un máximo de 72 horas] hoy en día se pueden demorar 15 días. Se requiere que el Ministerio Público y la Policía recojan evidencias para poder presentarlas al tribunal”, ha sostenido Ulloa.
“Cuando no teníamos régimen de excepción, a un tipo lo capturaban el viernes y el lunes, como no había habido la posibilidad de recoger la evidencia, salía. La Policía capturaba, el Ministerio Público procesaba y el juez liberaba. Y así, hay tipos que entraron y salieron 18 veces de la cárcel. Y cada vez salían a matar“, ha continuado el vicepresidente antes de informar que la segunda garantía suspendida es la inviolabilidad de la correspondencia. “Lo primero que hace la Policía cuando captura a un perfilado es ver su teléfono, sus contactos y las llamadas que hace”, ha manifestado.
Aunque Ulloa ha defendido “el milagro de la seguridad” que ha logrado el presidente Nayib Bukele, ha admitido que se han cometido errores. “No hay obra humana que sea perfecta. Se han cometido errores. Se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, ha reconocido tras recordar que de las 91.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción unas 8.000 han sido liberadas porque demostraron ser inocentes.
El líder salvadoreño ha asegurado que todas las medidas implementadas desde que el Gobierno de Bukele le declaró la ‘guerra’ a las maras han tenido como base la ley. “No estamos haciendo nada que no tenga respaldo legal”, ha sentenciado el vicepresidente, que ha negado que las denuncias de violaciones de derechos humanos realizadas por organizaciones de derechos humanos sean verdad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existen 7.000 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan detenciones ilegales, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia del Estado.
La ‘guerra’ a las pandillas responde a un incremento desmesurado de la violencia en el país centroamericano. De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de homicidios en 2015 era de 106 personas por 100.000 habitantes, lo que convertía a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Ante esta situación, y debido al asesinato de 87 personas en tres días en el país, el Gobierno de Bukele impulsó el régimen de excepción y, tras más de seis años en el poder la tasa de homicidios se ha reducido a 1,3 por cada 100.000 personas.