Contra lo que mucha gente cree, el poder absoluto es una anomalía histórica que repugna a la naturaleza humana y que —basta recordar la Revolución Francesa de 1789— casi siempre termina mal. Roma fue una república antes de convertirse en imperio. La leyenda del rey Arturo, nacida hace 15 siglos, ya nos presentaba al monarca compartiendo el poder con sus caballeros en una mesa redonda, sin lugar de presidencia identificable. Las Cortes de León, en 1188, abrieron la Europa medieval al parlamentarismo que hoy, de forma real o simulada, rige en todos las rincones del planeta… pero que parece en decadencia en la nación que no hace mucho presumía de ser el faro del mundo libre.
A raíz del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a su política de aranceles, el presidente Trump ha dejado para la historia una queja que le identifica: “Puedo destruir un país, pero no le puedo cobrar diez dólares.” Lo malo es que el magnate cree en lo que dice. Cree que, para hacer América Grande, puede destruir cualquier otra nación. Seguramente le parece injusto que no le reconozcan esa potestad ni el derecho internacional —que a él le trae sin cuidado— ni la Constitución de los Estados Unidos, que sabiamente otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra.
Genio y figura, Trump no va a permitir que ninguna ley woke le impida cumplir con lo que considera su deber. Si declarar la guerra va más allá de su poder constitucional, la solución no puede ser más sencilla: no declararla. Lo hemos visto en Irán hace ocho meses y en Venezuela hace ocho semanas. Quizá, por guardar la simetría de los números, volvamos a verlo en la República Islámica en ocho días.
Mientras Trump deshoja la margarita, me gustaría proponer al lector una comparación. Cuando, en el año 2003, el presidente Bush invadió Irak, se esforzó —bien que sin éxito— por conseguir el apoyo de Naciones Unidas. No puedo olvidar el sonrojante debate en el Consejo de Seguridad en el que el secretario de Estado Colin Powell —el único lunar en la carrera de un gran militar— presentó las “pruebas” de que Saddam Hussein no había cumplido las resoluciones que le obligaban a desmantelar sus programas de armas de destrucción masiva. Las evidencias parecían tan endebles que pocos nos sorprendimos cuando todo aquello resultó ser falso.
Más éxito tuvo Bush de puertas adentro. Tanto el Congreso como el Senado —este último de mayoría demócrata— concedieron al presidente la autorización para el uso de la fuerza en Irak por amplias mayorías, en torno a los dos tercios de cada cámara.
Es evidente que todos estos controles no sirvieron de mucho. La invasión, que provocó protestas masivas en muchas capitales europeas, se produjo igualmente. Sin embargo, el presidente Bush al menos simuló respetar la Carta de la ONU y la Constitución de los EE.UU. Incluso se dirigió personalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar de justificar sus actos.
Dos décadas después, lo que responde la Casa Blanca sobre el ataque a Irán que en estos momentos está sobre la mesa es que el presidente “está dedicando mucho tiempo a pensar en esto”. ¿Debería tranquilizarnos saber que, al menos esta vez, no va a reaccionar impulsivamente y se va a tomar en serio la decisión?
No sé qué pensará el lector, pero a mí todo esto me parece muy similar a lo que podría contestar Luis XIV de Francia —el de “el Estado soy yo”— a sus súbditos, justificadamente inquietos por la posibilidad de una nueva guerra con España. Y, claro, la cosa me preocupa. Como he dicho al principio, los episodios históricos de poder absoluto casi siempre terminan mal.