El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves el nuevo reglamento de retorno, otra normativa en materia migratoria que permite, entre otras cosas, la creación de centros de deportación de migrantes. Esa vía, impulsada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, ha contado con el respaldo de la Eurocámara con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Los grupos de izquierda y los liberales y los verdes han rechazado este paso que incluye los llamados “centros de retorno” en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
Además, según las nuevas reglas, los migrantes están obligados a colaborar activamente en su proceso de salida. Si no lo hacen, podrían recibir castigos como perder ayudas sociales, quedarse sin permiso de trabajo o incluso ir a la cárcel. Además, las autoridades podrán encerrar a una persona en centros de internamiento hasta por un año, y este tiempo puede alargarse otro año más si el migrante no ayuda o si los papeles tardan en tramitarse.
Para quienes sean considerados “un peligro para la seguridad”, el proceso será todavía más estricto. Estas personas podrán ser enviadas de vuelta de forma prioritaria y, mientras tanto, podrían esperar en prisiones, aunque separadas de los presos comunes, y también se les podría prohibir la entrada a Europa para siempre. Si un migrante pide a un juez que detenga su expulsión, el proceso seguirá adelante a menos que el juez decida lo contrario tras revisar el caso.
Un punto importante es que cada país de la Unión Europea decidirá si estar de forma ilegal es un delito o no. Por otro lado, en las reuniones previas se decidió eliminar una propuesta que permitía detener a los migrantes en sus casas, algo que inicialmente se había planteado pero que finalmente no se incluyó en el texto que se ha votado y que ahora pasará a la fase de negociación entre la Eurocámara y los Estados miembros
Sin embargo, estos cambios han generado mucha división política. Los partidos de izquierda y los Verdes critican el plan porque consideran que es demasiado duro y que se acerca a las ideas de la extrema derecha. Estos grupos temen que se retenga a mucha gente de forma injusta y que, en los centros de retorno ubicados fuera de Europa, no se respeten los derechos humanos básicos de las personas.
Por su parte, los defensores del plan aseguran que los países de fuera que reciban a los migrantes tendrán que pasar controles de seguridad y respetar los derechos fundamentales. Desde PP y Vox han respaldado este paso del Parlamento Europeo. El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE), Javier Zarzalejos, celebró el resultado de la votación y contrapuso esta política con la regularización masiva que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. “No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”, sostuvo.
Para Vox este es “un exitoso primer paso para la remigración tan reclamada por nosotros, pues el reglamento deberá ser cumplido obligatoriamente por España y todos los Estados miembros de la UE”, en palabras de su portavoz, Jorge Buxadé. “Toda la cooperación de la Unión con terceros países se ve supeditada a su disposición a aceptar retornos, utilizando visados, política comercial, fondos de desarrollo e instrumentos diplomáticos”, concluyó.