El Parlamento Europeo ha aprobado este martes su primer posicionamiento sobre la crisis de vivienda y lo ha hecho con el respaldo conjunto de las familias europeas de PP y PSOE, entre otras fuerzas, a un informe que será enviado a la Comisión Europea para terminar de rematar su Plan Europeo de Vivienda Asequible. Las propuestas aprobadas este martes en Estrasburgo, que por el momento son recomendaciones que no dan lugar a ninguna nueva norma ni directriz europea, apuestan por impulsar la construcción movilizando más fondos europeos específicos para vivienda y reduciendo impuestos y burocracia, al mismo tiempo que abogan por “combatir” la especulación, regular los pisos turísticos, dar incentivos fiscales a la compra de una primera vivienda y apoyar a los jóvenes y a las personas vulnerables.
“La Unión Europea no construye viviendas, pero sí puede crear las condiciones para que se construya”, defendió en el pleno del Parlamento Europeo el eurodiputado popular Borja Giménez, responsable de la redacción del informe aprobado este martes. Según explicó, el planteamiento de base es que no hay suficiente oferta de vivienda para cubrir la demanda y eso es lo que está empujando los precios al alza. “Europa necesita construir más viviendas y necesita hacerlo más rápido”, resumió, reconociendo que “no existen recetas mágicas” en materia de vivienda pero apuntando a que el planteamiento del Parlamento Europeo “sí es una guía clara” de actuación. “No solo tenemos un problema social, también económico y de competitividad, porque una Europa donde la gente no puede vivir es una Europa que no puede crecer”, avisó.
El impulso de la construcción es uno de los grandes pilares sobre los que se asienta el informe, que propone a la Comisión Europea abrir la puesta a que los Estados miembros puedan rebajar el IVA para la construcción de vivienda, las rehabilitaciones y el alquiler asequible aplicando un tipo superreducido. También plantea revisar la normativa europea —sobre todo en materia medioambiental— para simplificar los trámites administrativos y acelerar la concesión de licencias mediante procedimientos digitales y plazos de concesión que no superen los 60 días, así como un silencio positivo para que los permisos se entiendan otorgados cuando venza el plazo y la administración no haya respondido a la solicitud.
A esto se suma un llamamiento a movilizar más fondos europeos para vivienda y a garantizar una mejor coordinación de los recursos y permitir la reasignación del dinero procedente del Plan de Recuperación y Resiliencia que no haya sido utilizado para destinarlo a políticas de vivienda. Al mismo tiempo, el informe, que menciona expresamente la necesidad de proteger los derechos de los propietarios frente a las ocupaciones ilegales, apuesta también por subvenciones para los jóvenes y las personas más vulnerables con el objetivo de mejorar el acceso a un techo y aboga concretamente por incentivos fiscales y avales para facilitar la compra de una primera casa. Todo ello respetando a los Estados, que son quienes tienen las competencias en materia de vivienda.
Mientras los populares aplauden la apuesta por la construcción, los socialistas se quedan con el llamamiento del informe a combatir la especulación y a regular los pisos turísticos y celebran haber introducido como novedad con respecto al borrador inicial un llamamiento a una mayor protección para los inquilinos, a una mayor transparencia en el mercado del alquiler y al refuerzo de los mecanismos de resolución de conflictos. “La aportación del grupo socialista a las conclusiones de la Comisión de Vivienda inciden en los derechos de los inquilinos, de las personas sin hogar y de las personas vulnerables frente a los alquileres de corta duración”, defendió en el pleno el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que pidió a la Unión Europea contundencia para intervenir la libre circulación de capitales e “impedir la concentración de vivienda en manos de fondos de inversión y fondos buitre”.
La regulación de los pisos turísticos es algo en lo que la Comisión Europea ya ha dicho que está trabajando. “Es inaceptable que en algunas ciudades veamos a personas expulsadas de las viviendas para hacer máquinas de dinero con esos alquileres cortos que disparan los precios”, subrayó este martes el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, que también tomó el guante del Parlamento Europeo contra la especulación. “Está bien que el mercado sea libre y se invierta dinero en construir viviendas y en renovarlas, pero, si se convierte únicamente n un bien de especulación, entonces tenemos un problema, porque eso significa que las decisiones se toman solo para ganar dinero”, señaló, recordando que “disponer de vivienda asequible y digna no es algo simplemente agradable, es una necesidad básica, un derecho humano” y advirtió de que la crisis habitacional “erosiona” los valores de la UE.
A la izquierda del PSOE no ven que esa concepción de la vivienda como derecho quede reflejada en el informe del Parlamento Europeo, que consideran “sesgado” en favor del sector inmobiliario. “Lo que ustedes proponen en este informe no va a solucionar el problema de la vivienda. Lo va a agravar”, advirtió en el debate de este martes el eurodiputado Vicent Marzà, de Compromís. “Desregular para construir sin límites lo único que nos ha llevado es a un aumento de precios y a la destrucción del territorio”, añadió. También la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, mostró su rechazo al planteamiento del Parlamento Europeo. “Las familias no encuentran casa y mientras los fondos de inversión las compran por decenas sin verlas y con el dinero que ganan invierten en la industria armamentística. […] ¿Por qué es posible? Porque ustedes lo hacen legal”, expresó, pidiendo la expulsión de la UE de los fondos estadounidenses.
El informe también despertó críticas en partidos a la derecha del PP como Vox. “Si se equivoca el diagnóstico, el tratamiento es propaganda”, señaló en el pleno el eurodiputado Jorge Buxadé, que echó en falta que no haya ninguna referencia a las políticas migratorias. El partido de Santiago Abascal achaca la crisis habitacional a la “inmigración masiva” y aboga por la “remigración” de las personas llegadas a Europa, la “prioridad nacional” en el acceso a viviendas protegidas, “liberar” suelo y reducir impuestos.