Un total de 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua más una veintena de integrantes de la Mara Salvatrucha han sido expulsados desde Estados Unidos a la gran cárcel antiterrorista de El Salvador a través de una polémica ley estadounidense que capacita a su presidente, Donald Trump, a recurrir a arcaicos poderes de guerra para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.
El anuncio ha sido realizado al unísono en redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ha precisado que la expulsión afecta a un total aproximado de 273 encarcelados: más de 250 miembros del Tren de Aragua, de los cuales 238 ya están en territorio salvadoreño para su ingreso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y dos líderes más 21 subordinados de la Mara Salvatrucha, la MS-13.
“El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, ha hecho saber Rubio, quien describe a los expulsados como “extranjeros enemigos”, antes de agradecer la contribución del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “el líder más fuerte en el tema de seguridad de nuestra región y un gran amigo de Estados Unidos”.
El término empleado por Rubio coincide con el usado por la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la ley que invocó Trump el pasado sábado y que concede al mandatario amplísimas competencias para expulsar gente del país.
La ley, que a grandes rasgos se salta todo el proceso migratorio habitual, está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.
En su declaración, Trump apuntó específicamente al Tren de Aragua, considerada como “grupo terrorista” por Estados Unidos, que se han “infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país”.
El mandatario salvadoreño, por su parte, ha confirmado el traslado de los primeros 238 miembros del Tren de Aragua al CECOT por “un período renovable de un año” y de otros “23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas”.
“Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción”, ha celebrado Bukele
Sucede sin embargo que estas deportaciones han sido anunciadas horas después de que el juez federal James E. Boasberg suspendiera durante 14 días la ejecución de cualquier tipo de deportaciones basadas en esta ley de guerra.
El magistrado tuvo que convocar dos sesiones: la primera para anular cinco deportaciones iniciales y la segunda para extender la primera anulación a cualquier futura deportación similar. Según se desprende de la reacción jocosa de Bukele en su cuenta de X —”Ups, demasiado tarde”, escribió el mandatario— las expulsiones de los miembros del Tren de Aragua podrían ocurrido entre ambos dictámenes.
De hecho, dos aviones que transportaban, según el portal Politico, a los deportados venezolanos partió del aeropuerto de Harlingen, Texas, durante una pausa en las audiencias judiciales. Según las bases de datos de seguimiento de vuelos, un avión se dirigía a San Salvador, El Salvador, y el otro a Comayagua, Honduras, y se encontraban en el aire acercándose a sus destinos cuando Boasberg emitió su orden.
Sin embargo, el segundo dictamen emitido por el magistrado da un margen mínimo de maniobra: “Si hay algún avión en vuelo con detenidos, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos de cualquier forma posible y tiene que cumplir inmediatamente con esta orden”, según el dictamen, recogido por el portal de noticias Politico.
El magistrado actuó a petición de una demanda presentada por las ONG especializadas en Derechos Humanos Democracy Forward y la Unión Americana por las Libertades Civiles, que todavía no se han pronunciado al respecto de este anuncio.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha limitado a defender a capa y espada la decisión de Trump contra los miembros de una organización que “ha invadido el país” y cuyos integrantes “violan y mutilan por deporte”, y asegurado que el mandatario está absolutamente capacitado para tomar esta clase de decisiones, precisamente una opinión que disputan seriamente varios jueces federales, algunos de ellos nominados del mandatario.
“Está claro que hay activistas de izquierda, que se sientan al frente de los tribunales, y que no tienen aprecio por el presidente ni sus políticas, pero lo cierto es que todo lo que hace el presidente Trump está dentro de su autoridad ejecutiva”, ha asegurado Leavitt.