
Con un aumento medio de los precios de la vivienda superior al 60% y de los alquileres superior al 20% en los últimos diez años, millones de europeos tienen dificultades para encontrar una vivienda que puedan permitirse. Esa frase sale de la Comisión Europea, que este martes ha presentado el ansiado plan de Vivienda Asequible, anunciado ya en septiembre y que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de este final de año en Bruselas. Entre otros elementos, el Ejecutivo comunitario propone 10.000 millones de euros en 2026 y 2027 -con cargo al Presupuesto comunitario- para la construcción de vivienda nueva. Por otro lado, asume que se puedan reubicar unos 1.5000 millones más en ese periodo de los fondos de cohesión.

A la vez, ve importante dotar de herramientas a los países para que vigilen las zonas tensionadas, que era uno de los reclamos por ejemplo de España. Además, asegura que se “creará un marco jurídico” que facilite las limitaciones al alquiler turístico.
Bruselas, además, diagnostica que la UE necesita añadir aproximadamente 650.000 viviendas al año a las 1,6 millones que se construyen actualmente, porque, dicen, la crisis no es solamente habitacional, sino también “social”. Eso sí, la Comisión Europea entiende que la vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembros, por lo que su plan radica más en una serie de apoyos. Se basa en cuatro pilares principales de actuación: aumentar la oferta; movilizar más inversión; proporcionar apoyo inmediato impulsando al mismo tiempo las reformas; y apoyar a los más afectados por la crisis.
Todo pasa también por la inversión, y Bruselas en su plan recuerda que la UE ya está movilizando al menos 43.000 millones de euros en inversiones relacionadas con la vivienda en el marco del actual Marco Financiero Plurianual, pero para ofrecer las viviendas adicionales necesarias se estima que hacen falta unos 150.000 millones de euros anuales, de los cuales la propia UE como tal solo aportaría un 4% aproximadamente, dado que para los próximos dos años el montante ascendería a 300.000 millones. ¿Y cómo se pueda alcanzar esa cifra? El Ejecutivo comunitario, según el documento, creará una nueva Plataforma Paneuropea de Inversión para la vivienda asequible y sostenible antes del tercer trimestre de 2026. En un compromiso de gran envergadura, los bancos nacionales y regionales de promoción prevén invertir 375.000 millones de euros “en vivienda social, asequible y sostenible de aquí a 2029”. Es decir, de manera directa y através
Uno de los focos, eso sí, se pone en los alquileres de corta duración, que se han convertido en un problema; España, de hecho, ya había pedido a Bruselas que en su plan se priorizara “la vivienda para vivir”, con la mirada puesta en controlar la especulación. En este punto la Comisión reconoce que el rápido crecimiento de los alquileres de corta duración -casi un 93% entre 2018 y 2024- puede limitar la oferta de vivienda asequible para los residentes locales. El Reglamento vigente sobre alquileres de corta duración, que será aplicable a partir de mayo de 2026, exige el registro obligatorio de los anfitriones y el intercambio de datos y a ello se sumará la futura Ley de Vivienda Asequible (prevista por Bruselas para el cuarto trimestre de 2026), que permitirá a las autoridades locales “adoptar medidas específicas y proporcionadas en las zonas con mayor tensión residencial”.
Asimismo, la Comisión incluye una revisión de las normas sobre ayudas de Estado para permitir a los Estados miembros apoyar proyectos de vivienda asequible para hogares de renta baja y media, incluidos los trabajadores esenciales, sin necesidad de notificación previa ni de un límite máximo de compensación. Es decir, se podrán utilizar por ejemplo los fondos regionales o de cohesión para destinarlos a vivienda.
“El acceso a una vivienda asequible es una preocupación importante para muchos ciudadanos de toda Europa. Para abordar esta cuestión, necesitamos esfuerzos conjuntos de diferentes partes y una amplia gama de medidas“, reconoció tras la presentación del plan la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. “Estamos tomando medidas para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de los ciudadanos y los alcaldes y a subsanar las deficiencias del mercado. Garantizar la disponibilidad de viviendas suficientes requiere inversiones a largo plazo. En lo que respecta a la política de competencia, nuestra revisión de las normas sobre ayudas estatales facilita a las autoridades públicas la inversión en viviendas sociales y asequibles”, añadió.
No se trata solo del techo que nos cobija: está en juego nuestra democracia
La línea marcada por Bruselas la siguió precisamente el comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen. “Europa debe asumir colectivamente la responsabilidad de la crisis de la vivienda que afecta a millones de nuestros ciudadanos y actuar al respecto. No se trata solo del techo que nos cobija: está en juego nuestra democracia“, expuso, y alertó de que no responder a esta crisis “da espacio a las fuerzas extremistas”. Recordó, a la vez, que la vivienda “no es un bien de consumo, sino un derecho fundamental”.
Fuentes consultadas por 20minutos asumen que si bien el plan tiene elementos a mejorar el diagnóstico demuestra que la crisis habitacional ya se ha convertido en un “problema europeo”. Y así se refleja en un análisis publicado hace algunas semanas por el Consejo Europeo. En diez años (entre 2015 y 2025) los precios de la vivienda subieron un 60,5% en promedio, con aumentos extremos en Hungría (237%), Lituania (147%) y Portugal (147%), mientras que Italia (donde cayeron un 1%) y Finlandia (con una bajada de un 0,4%) fueron las excepciones en el bloque comunitario.
Además, en 2024, los hogares europeos destinaron un 19,2% de su renta disponible a la vivienda, y el 9,8% de los habitantes urbanos gastaron más del 40%. La escasez de oferta, los altos tipos de interés y los costes energéticos han hecho que uno de cada diez hogares no pudiera pagar su alquiler o hipoteca a tiempo. El foco, con todo, se pone en las grandes ciudades: Madrid y Barcelona (74%) están en la cabeza de grandes urbes donde más porcentaje de la renta se destina al alquiler, solo superadas por Lisboa y un poco por encima de Milán, Roma o Dublín.
En ese contexto, el documento señala que el 83% de la población europea vivirá en áreas urbanas en 2050, lo que intensifica las desigualdades entre ciudades en auge y regiones rurales en declive. Desde 2014, las zonas rurales han perdido 8 millones de habitantes, mientras las urbanas han ganado 10 millones. En 2025, alquilar un piso en el centro de Lisboa puede absorber hasta el 116% del salario medio, y la edad promedio de emancipación juvenil en la UE alcanza los 27,4 años, superando los 30 en Grecia, España e Italia. A la vez, existe una carencia de 4 millones de viviendas asequibles y una infrautilización del parque existente: el 33,1% de los europeos vive en hogares demasiado grandes. La vivienda social representa solo 8% del total, con fuertes diferencias entre países (30% en Países Bajos frente a menos del 10% en la mayoría).


