Bruselas dice que quiere alcanzar sus objetivos climáticos de manera más ligera, con menos carga para las empresas y con menos costes. Ese es el objetivo en la teoría, pero en la práctica la realidad es que la Comisión Europea ha lanzado una propuesta para suavizar sus políticas climáticas con la presentación este miércoles del llamado ómnibus medioambiental, uno de los paquetes de medidas más polémicos de estos meses en la capital comunitaria.
Entre los cambios propuestos figuran la eliminación de la obligación de que cada planta cuente con su propio sistema de gestión ambiental y la supresión de documentos clave, como el uso de químicos peligrosos, el consumo energético o los planes de transición climática. Pero lo importante para el Ejecutivo comunitario son los números, y se prevé que las empresas se puedan ahorrar unos 1.000 millones de euros al año con la reducción de esa carga burocrática. Además, las exigencias medioambientales se reducirían, calcula Bruselas, en un 25% para el año 2029. El documento, eso sí, todavía tiene que pasar el filtro de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
No obstante, las organizaciones medioambientales ven mucho riesgo en esta propuesta y temen un retroceso en la capacidad de la Unión Europea para supervisar riesgos climáticos y ambientales. Por eso advierten de que eliminar información decisiva dificulta la transparencia y puede debilitar la transición ecológica en un momento en que el bloque se enfrenta a crecientes presiones para ralentizar o modificar sus políticas verdes, incluido el calendario de eliminación de vehículos con emisiones de CO2.
Fuentes europeas consultadas por 20minutos asumen que, dentro de la oleada de paquetes de simplificación, este ha sido uno de los más complejos de acordar por las presiones recibidas, de un lado por parte de las empresas y de otro por las organizaciones de la sociedad civil. Además, las mismas fuentes asumen que será un elemento divisivo, de nuevo, tanto entre los Estados miembros como, sobre todo, en la Eurocámara, que ya ha dado muestras de cómo puede fraccionarse a la hora de votar estas medidas.
Bruselas asegura, con todo, que se modernizan instrumentos clave vinculados a sustancias peligrosas y responsabilidad ampliada del productor”. En este sentido, la base de datos SCIP será reemplazada por soluciones digitales más eficaces, como el Pasaporte Digital del Producto, lo que reduce costos y duplicidades. Asimismo, se suspende la obligación de que las empresas europeas nombren representantes autorizados en cada Estado miembro para cumplir con la responsabilidad del productor, abaratando su operativa transfronteriza, concluye la Comisión. Al mismo tiempo, la normativa sobre datos geoespaciales se armoniza para facilitar el acceso y disminuir los costos de cumplimiento.
Además, el Ejecutivo comunitario prevé continuar este proceso de simplificación mediante pruebas de resistencia legislativa, nuevas guías interpretativas y revisiones de normas clave como las directivas de agua y estrategia marina. Para 2026 están previstas reformas adicionales, entre ellas el Acta de Economía Circular, que buscará, explica Bruselas, armonizar y abaratar las actividades circulares en todo el mercado único, “reforzando una transición más eficiente hacia un modelo productivo sostenible”, concluyen.
En la rueda de prensa de este miércoles, durante la presentación de las medidas, la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera expuso que la propuesta “hace que la implementación sea más simple y clara, al tiempo que mantiene nuestra alta ambición ambiental, que es lo que piden los ciudadanos”. Ribera, de hecho, ve dos focos clave. El primero sobre la aceleración de los permisos relacionados con las evaluaciones ambientales. “Algunas de las demandas planteadas por el mundo empresarial hacen que esta sea probablemente la medida más importante del paquete para los proyectos estratégicos que contribuyen a la descarbonización, la digitalización y la eficiencia de los recursos”. Hay un segundo foco, continuó, que pasa por “aliviar y agilizar los requisitos de información”.
Era importante, añadió la vicepresidenta, “no debilitar los objetivos y también respetar las demandas de no desregular”. El paquete ómnibus, asimismo, no abre algunas de las leyes ambientales emblemáticas más importantes: hábitats, aves, restauración de la naturaleza. “No queremos mejorar la competitividad contaminando. Queremos mejorar la competitividad haciendo las cosas más simples y fáciles, ganando la carrera de la competitividad y asegurando que podamos dar las respuestas adecuadas a los desafíos de hoy”, avisó la dirigente española.
Por su parte, el comisario de Economía, Vladis Dombrovskis, celebró también el plan de Bruselas. “Muestra en qué consiste realmente la simplificación: reducir la carga administrativa para las empresas, manteniendo al mismo tiempo nuestros elevados estándares. Estamos escuchando la petición de nuestras empresas y dando un paso más en la dirección correcta”, expuso en la rueda de prensa. Y quiso poner el foco en las empresas. “Al reducir la burocracia, estamos fomentando un entorno empresarial más competitivo, reduciendo los costes y garantizando que las empresas de la UE puedan centrarse en la innovación y el crecimiento”.