El Gobierno de Argentina no ha querido esperar a finalizar las vacaciones de verano para poner en marcha la maquinaria política. Con muchos ciudadanos apurando sus últimos días en la playa, las sesiones extraordinarias del Congreso y Senado han empezado a debatir uno de los grandes puntos del programa de Javier Milei tras la victoria electoral de las legislativas del pasado mes de octubre: la reforma laboral. La iniciativa, que el pasado martes fue aprobada por la Cámara Alta y pasará ahora a Diputados para terminar de ratificarse, es el intento de transformación en la relación entre empresa y trabajador más grande en la historia reciente del país.
Este ambicioso proyecto ha llegado tras meses de negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, en la que ha supuesto la primera prueba de fuego del intento por retomar el diálogo con sectores hasta ahora marginados por el oficialismo que había prometido el nuevo Gabinete de Milei. Aunque los sindicatos también estaban en la mesa de negociación, las modificaciones que realizará esta nueva reforma con respecto a los derechos laborales actuales han provocado el enfado de parte de la población, que fue movilizada el martes por estas organizaciones frente a las puertas del Congreso. Aunque la manifestación transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, en un momento de la tarde la llegada de un grupo de personas cargadas con cócteles molotov terminó por desencadenar disturbios que dejaron más de 70 detenidos y una docena de heridos.
La violencia desatada en las calles no impidió que ya entrada la noche —como suele ocurrir en las sesiones legislativas argentinas— el proyecto pasara el primer filtro para ser ratificado. El segundo, que se producirá en las próximas semanas, podría ser el último antes de empezar a funcionar. Siempre y cuando el texto no sea judicializado, ya que asociaciones, sindicatos y abogados laboralistas han alertado en las últimas horas de que, quizás, existan artículos inconstitucionales.
¿Qué cambia la reforma de Milei?
La norma sancionada por el Senado consta de más de 200 artículos que van desde cambios en la modalidad laboral; incentivos para abordar uno de los grandes problemas de la situación actual de Argentina que es la informalidad del empleo y la pérdida de este; modificaciones en el papel de los sindicatos en la negociación entre empresario y trabajador; soluciones a los juicios laborales; o incluso en las vacaciones, las horas diarias de trabajo y las formas de cobrar el sueldo, entre muchos otros puntos. Según defiende el Gobierno de Milei, el objetivo de esta ambiciosa ley es modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y promover empleo formal quitando trabas legales y económicas al empresario. Una visión que comparte la principal cámara de empresarios industriales, la UIA, que espera que estas medidas ayuden a generar empleo en un momento donde se está perdiendo.
Para Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista argentino, el proyecto de ley “supone una flexibilización de derechos y condiciones de trabajo, abaratando costos laborales y debilitando a los sindicatos”. Entre todos los puntos del texto, Ottaviano señala algunos como conflictivos: la legalización de la informalidad laboral haciendo que asalariados parezcan autónomos, la ampliación de las actividades económicas que tienen limitaciones al derecho a huelga y la eliminación de la ultraactividad en los convenios si no se llega a un acuerdo entre comité y empresa, entre muchos otros. Sobre el derecho a huelga apunta que tendrá una incidencia importante de cara a las negociaciones entre el comité y la empresa, ya que la reforma amplía a más del 40% de las actividades económicas argentinas las consideradas “esenciales” y que, por tanto, tienen ciertas limitaciones a este derecho fundamental. Además, para realizar asambleas de trabajadores se tendrá que tener autorización previa del empleador.
“Supone una flexibilización de derechos y condiciones de trabajo, abaratando costos laborales y debilitando a los sindicatos”
“Esto es una limitación del ejercicio del derecho fundamental a la huelga. Que es en Argentina el derecho que activa la negociación colectiva, porque aquí rara vez hay negociación sin conflicto. Si tantos sectores van a ser impedidos y además se está descentralizando la negociación colectiva porque si caduca un convenio deja de estar en vigor, lo que se produce es una desarticulación de las instituciones de la democracia para resolver conflictos sociales”, agrega Ottaviano.
Dentro de esos cambios en la forma de negociar nuevos derechos para el empleado se agregan otros puntos en esta reforma: el pago de salarios y el banco de horas. Se propone que de mutuo acuerdo los trabajadores puedan convenir con sus empleadores de qué manera se paga la remuneración. Los salarios “deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos”. Además, se agrega el concepto de “salario dinámico”, con pagos por mérito personal o productividad, y se permitirá pactar un “banco de horas” en el que el empleador puede ampliar la jornada legal diaria de 8 a 12 horas. Esto no significa que se amplíe la jornada semanal, que seguirá siendo de 48 horas y se podrá repartir a lo largo de los días, con la diferencia de que ahora el trabajador podría hacer 12 horas en una única jornada sin cobrarlas como extra. Según Ottaviano, la nueva normativa pretende dar “libre disponibilidad a las partes” a pactar como iguales las condiciones de un contrato, algo que “es una institución de derecho civil”, no laboral. “Estamos hablando de las relaciones de trabajo, donde las partes no son iguales”, explica.
La jornada laboral seguirá siendo de 48 horas y se podrá repartir a lo largo de los días, con la diferencia de que ahora el trabajador podría hacer 12 horas en una única jornada sin cobrarlas como extra
Otro de los objetivos que tenía el Gobierno argentino con esta ley era “terminar con la industria del juicio”, una término que se usa para acusar a los empleados, junto con abogados o sindicatos, de forzar a pagar grandes sumas de dinero a pymes por demandas laborales y accidentes de trabajo. Por ello, se ha reducido la base de cálculo para las indemnizaciones y se ha creado un fondo de asistencia laboral en el que se irá poniendo dinero para que las empresas puedan hacer frente a los despidos. Aunque el Ejecutivo de Milei y sectores empresariales insisten en que este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta una empresa y que, por lo tanto, hay que dar facilidades para que no ocurra, algunos abogados conocedores de estas causas como León Paisek niegan que exista una “industria del juicio”. “Los juicios se hacen cuando hay incumplimiento de la patronal, cuando se debe salario o hay despidos y accidentes laborales. Los trabajadores quieren trabajar con salarios dignos, con condiciones de trabajo que sean adecuadas para vivir y no están buscando hacer juicios. El porcentaje de la población que hace juicios es el 1,5%. Las pymes están desapareciendo no por eso, sino por las políticas económicas”, apunta Paisek, abogado sindical y asesor de varios sindicatos argentinos.
La gran lucha contra los sindicatos
Desde que Milei asumió el poder a final de 2023 las referencias a los sindicatos como elemento problemático para mejorar la situación laboral del país e incluso la forma de referirse a ellos como negocios mafiosos han estado a la orden del día. La herencia histórica de estas organizaciones durante el gobierno de Perón y la relación de los sindicatos con el peronismo los han convertido en objetivo político de la derecha argentina. La labor sindical en este país está mucho más arraigada al día a día del trabajador y tiene una influencia política mayor a otros países. Hasta tal punto que la cuota sindical es obligatoria para el trabajador y sale de su sueldo, algo que el actual Gobierno de Milei ha tratado en numerosas ocasiones de quitar.
La cuota sindical es obligatoria para el trabajador y sale de su sueldo, algo que el actual Gobierno de Milei ha tratado en numerosas ocasiones de quitar
El actual ministro de Desregulación y Transformación de Argentina, Federico Sturzenegger, ya advirtió hace dos años en un debate en la Universidad de Harvard que había que “empobrecer a los grupos de interés”, como llaman despectivamente a los sindicatos. Aunque en los primeros borradores de la actual reforma laboral se eliminó la cuota sindical obligatoria, a última hora se cayó del texto y se matizó, por lo que en vez de prohibirlas, se dispuso un tope. Una medida que se ha visto como un guiño del Gobierno a los sindicatos mayoritarios como la Confederación General del Trabajo (CGT), al que algunos sectores, sobre todo de la izquierda, han acusado de ser demasiado dialoguistas y no haber impulsado un paro nacional.
Desde la CGT se “ha rechazado de forma íntegra” el proyecto y, aunque se realizaron movilizaciones, se deslizó que no había consenso actualmente para una huelga general. Pese a ello, reconocen que “no es una batalla que se dé por perdida” y que “simplemente están incrementando cada vez más la protesta que hay”. Algunas fuentes sindicales afirman a medios argentinos que no se descarta el anuncio de paros cuando la reforma se vaya a tratar en la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
Posible judicialización de la reforma
Para Milei este es uno de sus proyectos estrella y tras la media sanción este martes en el Senado reconoció en sus redes sociales que se trataba de un momento “histórico” para el país. Ya al principio de su mandato intentó llevarlo a cabo a través de un decreto de necesidad y urgencia que fue tumbado por la justicia. Ahora, con una situación mucho más favorable en ambas cámaras del Congreso de la Nación todo parece diferente; pero todavía hay muchas dudas sobre algunos puntos del texto.
“Cuando se intentó está reforma fue tumbada porque la materia laboral no puede ser modificada a través del decreto de necesidad y urgencia. La justicia declaró inaplicable este decreto. Después, el Gobierno sancionó la ley de bases, una nueva etapa de la reforma laboral más modesta. Y ahora está intentando esta reforma”, afirma Juan Manuel Ottaviano, que señala que “al menos el 50% de la norma” podría ser llevada a los tribunales por inconstitucional, por violar tratados internacionales o convenios de la Organización internacional del Trabajo (OIT). Un ejemplo es el derecho a huelga, pero hay muchos otros como el de la reducción de sueldo por enfermedad.
“Según la nueva ley, si te enfermas o lesionas y quedas incapacitado para trabajar por hacer una actividad ajena al trabajo, como puede ser jugar al fútbol, te van a reducir el sueldo un 50% hasta que te recuperes. Por no hablar de que si te enfermas, por ejemplo, con un cáncer, te reducen el sueldo al 75%. Esto es un acto discriminatorio contra el trabajador que no tiene culpa de lo que le ha sucedido”, reconoce Paisek, que apunta que buena parte de estas reformas, que según el Gobierno pretenden mejorar la situación laboral, “lo que están haciendo es quitar derechos ya adquiridos por el trabajador”.