Una mujer de 24 años denunció un presunto manejo clínico negligente ocurrido en un centro de salud durante septiembre. Según su testimonio, una cesárea realizada el 5 de septiembre por “preeclampsia leve” derivó en graves complicaciones que incluyeron afectación intestinal e infección significativa en la cavidad abdominal.
La paciente afirma que sus señales de alarma fueron minimizadas y que una segunda intervención quirúrgica, realizada dos días después, dejó una abertura extensa sin la atención posterior adecuada. También describe graves fallas en la limpieza, restricciones injustificadas para comunicarse con su familia y procedimientos realizados sin su consentimiento, incluido uno definitivo que asegura no haber autorizado.
De acuerdo con su relato, tras la cesárea programada del 5 de septiembre, recibió el alta médica al día siguiente pese a experimentar molestias abdominales severas, distensión y dificultad para acostarse. Señala que envió múltiples mensajes a la profesional tratante solicitando una ecografía porque “la barriga se me está hinchando”, sin obtener respuesta efectiva. El centro atribuyó las molestias a simple estreñimiento.
Para el 8 de septiembre, con la distensión persistente y empeorada, regresó al hospital donde las primeras imágenes indicaron presencia de “líquido amniótico”, diagnóstico que posteriormente no coincidió con los hallazgos reales. Esa misma madrugada fue intervenida nuevamente, despertando en cuidados intensivos con una incisión ampliada. Según un informe médico citado, se encontraron áreas intestinales dañadas y desechos en la cavidad abdominal, cuadro que el hospital atribuyó a una apendicitis rota, aunque ella insiste en no haber tenido síntomas previos compatibles.
La mujer sostiene que el 19 de septiembre recibió el alta directamente desde cuidados intensivos, sin pasar por recuperación y con la herida abdominal comprometida. Describe condiciones insalubres, cambios irregulares de sábanas, manipulación poco clara de drenajes y sedación durante horas de visita que impedían la comunicación familiar.
Ese mismo día, sus familiares la trasladaron urgentemente a un centro privado donde estudios especializados revelaron acumulación de pus y elevación crítica de glóbulos blancos, siendo ingresada nuevamente a cuidados intensivos. Recibió tratamiento antibiótico intensivo y limpieza del área durante aproximadamente doce días, aunque la herida continúa drenando con reaperturas asociadas a restos de sutura que afectaban la cicatrización.
Al revisar su expediente médico, la mujer encontró una firma atribuida a ella para autorizar un procedimiento definitivo que asegura nunca haber aprobado, señalando que no coincide con su caligrafía y carece de la rúbrica familiar obligatoria. También menciona un intercambio accidental de pertenencias del recién nacido y afirma haber sido agredida verbal y físicamente por un profesional sustituto durante una consulta prenatal, incidente que la dirección conocía sin tomar medidas correctivas.
Actualmente mantiene una abertura que sigue cerrándose desde septiembre, con limitaciones físicas severas y dificultades para reintegrarse laboralmente. Afirma no haber recibido respuestas claras del centro, incluso después de enviar fotografías detalladas de la lesión al director, y sospecha que algunos documentos médicos fueron modificados. Ha contratado representación legal especializada y planea acciones formales, concluyendo con un llamado urgente a las autoridades sanitarias para una investigación independiente que garantice transparencia, claridad y reparación integral.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**