El exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, una de las voces opositoras más firmes contra el gobierno de Nicolás Maduro, falleció este sábado 6 de diciembre en las instalaciones del Helicoide, donde permanecía recluido en condiciones de aislamiento desde hacía más de un año. La información fue confirmada por la ONG Foro Penal, que denunció la falta de atención médica y la incomunicación absoluta a la que estuvo sometido. Díaz, de 55 años, habría sufrido un infarto fulminante dentro del centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), un lugar que organizaciones internacionales describen como uno de los símbolos más oscuros de la represión política en Venezuela.
Díaz fue arrestado en noviembre de 2024 bajo los cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, acusaciones que diversas organizaciones de derechos humanos consideran fabricadas para criminalizar la disidencia. Desde su detención, el exgobernador quedó sometido a aislamiento total, sin acceso a familiares, abogados ni atención médica oportuna, según el relato de opositores y defensores de presos políticos. Foro Penal aseguró que Díaz solicitó asistencia médica en múltiples ocasiones, sin recibir respuesta. Esa omisión —una práctica recurrente, de acuerdo con informes internacionales— habría contribuido al deterioro acelerado de su salud.
La muerte de Díaz generó conmoción entre líderes opositores, quienes responsabilizan directamente al Estado venezolano. María Corina Machado, una de las figuras más influyentes de la oposición, lamentó el fallecimiento y anunció su viaje a Oslo, donde este 10 de diciembre será premiada con el Nobel de la Paz. “Alfredo Díaz es otra víctima de un sistema que persigue, encarcela y destruye. Su muerte no puede quedar impune”, expresó uno de sus allegados, quien exigió la apertura de una investigación independiente.
Antes de su detención, Díaz había construido una carrera política reconocida dentro de Acción Democrática y del escenario regional. Fue concejal, alcalde del municipio Mariño y luego gobernador de Nueva Esparta, donde se destacó por su trabajo comunitario y su postura crítica ante la gestión de Maduro. Compañeros de partido lo describen como un dirigente “incansable y profundamente humano”, cuyas acciones buscaban mejorar las condiciones de vida en un estado golpeado por la crisis nacional.
El Helicoide, ubicado en Caracas, es una estructura icónica por su diseño en espiral, originalmente proyectada en los años cincuenta como un centro comercial futurista. El proyecto nunca se completó y, con el paso del tiempo, fue convertido en la sede del SEBIN, transformándose en uno de los centros de detención más temidos del país. Informes de la ONU y organizaciones de derechos humanos describen el lugar como escenario de torturas sistemáticas. Las denuncias incluyen descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas plásticas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual. El aislamiento prolongado y la negación de atención médica son prácticas recurrentes. La muerte de Alfredo Díaz se suma a una larga lista de víctimas que, según organismos internacionales, evidencian el uso del Helicoide como herramienta de represión estatal y castigo político.
La desaparición física de Díaz reaviva la presión sobre el gobierno de Maduro en un momento especialmente sensible, con negociaciones estancadas y nuevas denuncias presentadas ante instancias multilaterales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han pedido explicaciones formales sobre su muerte. Mientras tanto, familiares, abogados y dirigentes opositores exigen la entrega inmediata del cuerpo y un informe médico independiente que esclarezca las condiciones en que falleció.
A falta de detalles oficiales, persisten interrogantes sobre la evolución de la salud de Díaz y sobre su tratamiento dentro del Helicoide. Sus allegados insisten en que su vida pudo haberse salvado si hubiese recibido atención médica o acceso regular a visitas. El caso promete convertirse en otra pieza clave dentro del expediente internacional que documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
La comunidad internacional aguarda una respuesta del gobierno venezolano, mientras la oposición mantiene la denuncia sobre lo que consideran un crimen de Estado. La muerte del exgobernador vuelve a colocar bajo los reflectores una de las estructuras más temidas por los presos políticos venezolanos: el Helicoide.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**