El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci, vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar.
Las autoridades judiciales presentaron la solicitud luego de que la menor perdiera la vida en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago. La petición incluye una garantía económica de RD$50 millones por persona, con respaldo de una compañía aseguradora.
Además, el Ministerio Público requirió impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica obligatoria y el uso de localizadores electrónicos para las imputadas.
Las medidas fueron dirigidas a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo, junto a tres colaboradoras con funciones directivas y de orientación: Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.
La institución sostiene que las medidas son proporcionales según el artículo 226 del Código Procesal Penal, aplicado a los hechos investigados.
**Calificación jurídica**
El caso fue catalogado como “pérdida involuntaria de una persona” conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano. También recibió calificación por abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, según el artículo 351-2 del mismo cuerpo legal. El órgano persecutor incluyó además el artículo 14 de la Ley 136-03, sobre protección de derechos de menores.
**Detalles del suceso**
La menor falleció el 14 de noviembre en una piscina del lugar, durante una excursión con otros estudiantes del centro educativo. La investigación está a cargo de los fiscales Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías, designados por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El Ministerio Público alega que se movilizaron 87 niños con solo tres cuidadoras, sin prever medidas de seguridad adecuadas ni recursos esenciales como salvavidas. Según la institución, un video evidencia supuesta negligencia en la supervisión por parte de las cuidadoras y los organizadores de la actividad.
Adicionalmente, se solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del colegio para identificar prácticas que puedan afectar el interés superior del niño.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**