La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, indicó que el Ministerio Público está a disposición de las partes interesadas en verificar las pruebas físicas o digitales que forman parte de la acusación contra los imputados en el caso Calamar.
Esto, en interés de evitar se dilate el inicio del juicio preliminar que se sigue contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Tras el incidente presentado por la abogada Laura Acosta Lora, parte del equipo de letrados que representa al exministro y excandidato Gonzalo Castillo, quien alegó que al menos 937 documentos digitales de la glosa probatoria no le permiten el acceso.
Durante la audiencia, Mirna Ortíz, además rechazó el plazo de cuatro meses solicitado por la defensa de la imputada Nathali Fernández Guzmán, para analizar la acusación, por entenderlo no razonable y desproporcionado. En ese mismo orden, dejó a responsabilidad de las partes solicitar las pruebas físicas o digitales que requieran.
Con relación a las familias querellantes que solicitaron incluir a más personas físicas y jurídicas en la acusación, la coordinadora de Litigación de LA PEPCA, Mirna Ortíz, aclaró que de acuerdo a la norma, cuando la acción penal es pública, el Ministerio Público es el órgano responsable de decidir a quién acusar.
Aplazan audiencia
La ausencia de la imputada Ana Linda Fernández fue la principal causa para que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, aplace el inicio del juicio preliminar. La misma presentó una licencia médica que abarca un plazo de un mes, desde el 8 del presente mes de junio hasta el 7 de julio.
El tribunal además tomó en consideración las partes que no habían sido debidamente notificadas y, por tanto, no estuvieron presentes en la audiencia.
La jueza Altagracia Ramírez fijó la audiencia para el 26 de agosto, a las 9:00 de la mañana. Tiempo que entendió razonable, conforme al debido proceso y la amplitud de la acusación, para que todas las partes puedan estar listas para el inicio de la etapa preliminar.
Sobre la acusación
La acusación de Operación Calamar consta de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”.
De acuerdo al Ministerio Público, el expediente está sustentado con más de 2,000 medios de prueba, “lo que servirá, sin lugar a dudas, para que, en el momento que se conozca este proceso, se produzca una apertura a juicio para que nosotros podamos, en nombre de toda la sociedad, procurar ante los jueces las sanciones correspondientes para estas 46 personas acusadas”.
En el expediente de la Operación Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figura, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.