@abrilpenaabreu
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció con entusiasmo la adjudicación del contrato para la emisión de las nuevas licencias de conducir al consorcio Mobility ID.
Según su director, Milton Morrison, con este paso el Estado dominicano “recupera el control de los datos ciudadanos” y obtendrá beneficios por más de mil millones de pesos.
Sin embargo, más allá del discurso optimista y la narrativa tecnológica, esta adjudicación deja un rastro de dudas, contradicciones y vacíos que el país no puede pasar por alto.
Un consorcio con historial inquietante
El consorcio Mobility ID está integrado por Midas Dominicana S.A., GET Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons.
Pero detrás de esos nombres se esconde una realidad menos brillante.
La empresa Midas Dominicana, que lidera el grupo con el 50% de participación, fue la misma que tuvo a su cargo la emisión de pasaportes dominicanos —y cuyo desempeño dejó un historial de retrasos, fallas operativas y quejas ciudadanas.
Hoy vuelve a ser protagonista de un contrato multimillonario que afectará directamente a millones de dominicanos, y eso, por sí solo, debería encender las alarmas del Estado y de la ciudadanía.
Fabricantes que no fabrican
Un informe de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reveló que la empresa GET Group, presentada como fabricante de las impresoras láser CML600 y de las tarjetas de policarbonato, no fabrica esos equipos, sino que simplemente los distribuye.
Esa diferencia técnica no es menor: el pliego de condiciones exigía un fabricante certificado, no un intermediario comercial.
Pese a esa irregularidad, el INTRANT validó la oferta y adjudicó el contrato.
Y cuando ADOCCO presentó observaciones formales, el organismo respondió como si se tratara de un competidor en la licitación, no como una entidad de veeduría ciudadana.
Un error de forma, pero sobre todo, una falta de respeto al principio de fiscalización pública.
Un cambio que podría generar un caos operativo
Hay un detalle que pocos han querido mirar: todos los centros actuales de emisión de licencias pertenecen a la empresa saliente, Dekolor, que manejó el sistema durante dos décadas.
Entonces, la pregunta es inevitable:
¿dónde funcionarán los nuevos centros bajo Mobility ID?
Si no se ha previsto una infraestructura alternativa y no existen locales listos para operar, la implementación no será inmediata.
De hecho, fuentes técnicas estiman que la instalación, adecuación y puesta en marcha del nuevo sistema podría tardar al menos seis meses, lo que colocaría al país al borde de un colapso en la emisión de licencias.
Una adjudicación que huele a improvisación
El INTRANT asegura que el proceso fue “transparente” y que se contó con el acompañamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Pero la transparencia no se mide por las palabras, sino por los documentos.
Y los documentos —como los que ha revelado ADOCCO— muestran inconsistencias:
• Falta de claridad sobre quién fabrica realmente los equipos.
• Silencio frente a impugnaciones técnicas válidas.
• Y una adjudicación que ignora irregularidades que, en cualquier proceso serio, habrían bastado para detener la firma del contrato.
Si todo fue tan transparente, ¿por qué el INTRANT no respondió públicamente a cada observación?
¿Por qué se apresura la ejecución de un contrato aún cuestionado en su estructura técnica y jurídica?
La confianza no se decreta, se gana
La emisión de licencias de conducir no es un simple trámite burocrático: involucra la seguridad de los datos biométricos de millones de ciudadanos y el control de información sensible que forma parte de la soberanía digital del Estado.
Por eso, cuando un proceso tan delicado se adjudica con tantas sombras, la confianza pública se resquebraja.
La modernización del sistema de licencias puede ser necesaria, pero no a costa de la transparencia, la competencia leal y el respeto al escrutinio ciudadano.
El Estado dominicano no puede repetir la vieja práctica de disfrazar la opacidad con tecnicismos y discursos de progreso.
Porque si algo debería ser innegociable en una democracia, es la verdad detrás de los contratos públicos.