Santo Domingo, República Dominicana. La comunicadora Miralba Ruiz vivió una situación inesperada durante un evento privado celebrado en la capital, que ha generado inquietud sobre la falta de consecuencias ante personas con antecedentes de este tipo de comportamientos.

Ruiz se encontraba cumpliendo funciones como maestra de ceremonias y, durante su participación, dejó su cartera en un área designada exclusivamente para el personal del evento. Al finalizar su intervención, al intentar dar propina al valet parking, notó que su monedero no estaba en su lugar.

En un primer momento, pensó que quizá lo había olvidado en su residencia. Sin embargo, tras revisar los movimientos de su tarjeta de crédito, detectó transacciones no autorizadas, lo que le confirmó que el artículo había sido sustraído del lugar.
De acuerdo con el testimonio de la propia comunicadora, el responsable del hecho habría ingresado al recinto afirmando ser periodista. “Entró diciendo que estaba cubriendo la actividad. Sacó el monedero y se fue, sin esperar siquiera que iniciara el evento”, detalló Ruiz.
Tras dar a conocer lo sucedido, numerosas personas se comunicaron con ella para advertirle que también habían sido afectadas por el mismo individuo, bajo circunstancias similares. “Esto no es un caso aislado. Es un patrón que ya se ha repetido demasiadas veces”, aseguró.

Según fuentes cercanas, el implicado en esta situación acumula al menos 17 denuncias previas, todas relacionadas con comportamientos similares, lo que lo coloca como una persona reincidente. A pesar de esto, indican que ha sido detenido y liberado en múltiples ocasiones sin que se aplique una medida definitiva.
El abogado José Martínez Brito ha decidido representar legalmente a Miralba Ruiz y presentar una denuncia formal contra el señalado. Martínez Brito expresó preocupación por la falta de medidas efectivas ante este tipo de reincidencia. “Es un patrón que debería haber motivado ya una acción judicial firme, porque el Código Penal establece que el hurto reiterado puede implicar hasta tres años de prisión o más”, indicó.
El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos existentes para prevenir que personas con múltiples denuncias continúen accediendo a eventos y espacios privados, generando vulnerabilidades para los asistentes y participantes. Se espera que las autoridades respondan con acciones concretas en los próximos días.


