Lima, Perú.- La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, defendió este jueves ante el Congreso de su país la decisión de haber otorgado a una empresa privada la venta virtual de las entradas para el sitio arqueológico de Machu Picchu porque, según dijo, el anterior sistema estatal estaba «plagado de irregularidades, desorden y corrupción».
«Ante ese escenario, era imperativo adoptar medidas audaces y efectivas para reformar el sistema y restablecer la confianza en la gestión cultural”, señaló la ministra al responder a dos pliegos de interpelación que aprobó el Parlamento nacional.
Urteaga, que se presentó en el Congreso durante más de dos horas, aseguró que la renovación del sistema de venta de boletos ha permitido recaudar hasta el momento más de 38 millones de soles (10,2 millones de dólares).
Añadió que este cambio se decidió tras descubrirse que algunos trabajadores de la Dirección de Cultura del Cuzco, la región donde se encuentra Machu Picchu, «manipulaban el sistema de reservas, permitiendo exceder el límite de capacidad de admisión y lucrar ilegalmente a expensas del patrimonio cultural y los visitantes».
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La ministra dijo, al respecto, que las personas que se dedicaban a la reventa de boletos de acceso a Machu Picchu acumularon ganancias, tan solo en 2022, por más de 25 millones de soles.
Informó, además, que el pasado 13 de marzo se creó una mesa técnica para la implementación de una nueva plataforma de venta de boletos administrada por el Estado, tras haber dejado sin efecto la venta mediante una empresa privada ante las protestas de pobladores y operadores turísticos de Machu Picchu.
Luego de su exposición, los representantes de las diferentes bancadas legislativas protagonizaron un debate que se dividió entre los que defendieron la necesidad de modernizar el acceso al sitio arqueológico y los que cuestionaron el procedimiento que se siguió para hacerlo.
El congresista izquierdista Isaac Mita consideró que las críticas a la ministra son fundadas, ya que la entrega de la venta de entradas a Machu Picchu debió realizarse mediante un concurso público, mientras que el derechista Diego Bazán señaló que la intención fue «abrir a la modernidad» al famoso sitio arqueológico.
