El Ministerio Público de la República Dominicana ha decidido emprender un nuevo camino en un caso que ha captado significativamente la atención pública y mediática. En un esfuerzo por revertir una decisión judicial que otorgó libertad bajo medidas alternativas a la prisión a siete agentes de la Policía Nacional, se ha presentado una apelación formal que espera ser evaluada por una instancia superior. La controversia se origina a raíz de un proceso en el que estos agentes están vinculados a la presunta “ejecución extrajudicial” de cinco personas, en un hecho que ocurrió el pasado septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago.
La audiencia para examinar este recurso ha sido fijada para el 18 de noviembre, momento en el cual las partes involucradas tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos ante la Corte de Apelación. La resolución anterior, emitida por el Juzgado de Atención Permanente, ha sido ampliamente cuestionada. En ella se permitía a los agentes Álvaro Paredes Paniagua, Hansel Michel Cuevas Carrasco, José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo de los Santos Vargas, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, César Augusto Martínez Trinidad y Adrián Miguel Villalona Pineda salir del recinto carcelario bajo condiciones como el pago de fianza, restricciones de movilidad y presentación periódica.
El caso de La Barranquita es complejo y sensible. Detrás del proceso legal están las serias acusaciones presentadas por el Ministerio Público, que sostiene que los agentes implicados llegaron a una plaza comercial, donde arremetieron sin previo aviso contra sus víctimas. Según el expediente, posteriormente habrían manipulado la escena del suceso al sustraer dispositivos de grabación y teléfonos celulares, lo cual habría complicado la labor investigativa.
Por otro lado, otros cuatro oficiales permanecen bajo prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo. Estos son José Octavio Jiménez Peña, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo y Yohandy Encarnación, quienes continúan detenidos mientras se agiliza la fase investigativa. Se ha declarado el proceso como de “tramitación compleja”, una medida que busca proteger la integridad del procedimiento y resguardar la seguridad de las partes interesadas, incluidos testigos y familiares.
Este caso, que ha conmocionado tanto a Santiago como a otras regiones del país, ejemplifica una gran preocupación social sobre el uso de la fuerza y la conducta de los organismos de seguridad. Las familias de los fallecidos se mantienen, mediante sus representantes legales, exigiendo justicia y rendición de cuentas a las autoridades competentes. La expectativa en torno a la apelación es alta, ya que podría sentar precedentes sobre el manejo de casos en los que hay involucrados miembros de las fuerzas del orden.
A medida que el juicio sigue su curso en medio del interés del público y la cobertura mediática, se observa un creciente llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión dentro de las instituciones encargadas del orden y la seguridad pública. Mientras que el proceso legal avanza, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva. Se espera que en los próximos días se liberen más detalles oficiales que arrojen luz sobre el avance del proceso judicial, lo que permitirá vislumbrar hacia dónde se encamina una solución definitiva en este episodio lamentable.
