Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó este martes condenas de hasta 10 años de prisión contra los integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán, acusada de borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos.
La acusación, presentada por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, señala que la red benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales y otros criminales, llegando incluso a eliminar registros de condenados a 30 años de prisión.
El órgano acusador pidió penas de 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos contra Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño, además de la inhabilitación de este último para ocupar funciones públicas durante cinco años.
También solicitó condenas de entre 5 y 8 años de prisión, en modalidad de prisión domiciliaria parcial y suspensión condicional, contra otros acusados que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos. Entre ellos figuran Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Domingo Julio Santana y Luis Alfredo Astacio Polanco.
Asimismo, el Ministerio Público requirió la disolución de la empresa Nexcon Tecnology, señalada como parte de la estructura criminal, así como el decomiso de bienes y evidencias materiales obtenidas de manera ilícita.
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En cuanto a Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, se solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, por tratarse de un caso de tramitación compleja vinculado a criminalidad organizada.
El tribunal, integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservó el fallo para el jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Los imputados enfrentan cargos por múltiples violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 de Armas, y la Ley 448-06 de Soborno en el Comercio y la Inversión, entre otras.