Santo Domingo.- Como parte de la investigación, de la Operación Camaleón, la Procuraduría General de la República ha descubierto que José Ángel Gómez Canaán, uno de los principales imputados en el caso de corrupción relacionado con Transcore Latam, tenía en su poder documentos que alegadamente detallaban actividades de inteligencia sobre jueces del país.
Durante un allanamiento en un vehículo vinculado a Gómez Canaán, las autoridades encontraron una lista con los nombres de varios jueces y funcionarios judiciales, entre ellos Keila S. Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista. La lista, descubierta en la guantera del vehículo, se considera una evidencia directa de la vigilancia y seguimiento a los movimientos y decisiones de estos magistrados, todos involucrados en casos importantes del país.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha señalado que este hallazgo confirma la existencia de una red de espionaje que operaba para controlar y manipular el sistema judicial dominicano. Los documentos incautados, que incluyen nombres de jueces, alguaciles y abogados, demuestran que esta red tenía como objetivo influir en procesos judiciales, probablemente en beneficio de los imputados en diversos casos de corrupción.
Además de la lista de jueces, en el allanamiento se encontraron armas de fuego, como una pistola y una escopeta modificada, lo que aumenta las preocupaciones sobre los métodos y el alcance de las actividades ilegales que envolvían a la red. Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad del sistema judicial ante posibles ataques a su independencia y seguridad.
En la residencia de José Ángel Gómez Canaán, ubicada en Santo Domingo, las autoridades incautaron otros documentos confidenciales del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Entre ellos, una copia de un oficio de PEPCA dirigido a la Contraloría, que evidencia que Gómez Canaán tenía acceso a información interna y privilegiada de las investigaciones sobre corrupción que estaban en curso. Estos documentos también incluían comunicaciones entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y Hugo Beras, actual director del mismo.
Uno de los documentos más comprometedores fue una carta firmada por Luis Soto, del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), que advertía a Beras sobre los riesgos de manipulación del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. Esta carta fue hallada en posesión de Gómez Canaán, lo que sugiere una conexión directa entre ambos en el monitoreo y control de información sensible.
