Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, expresó su desacuerdo con la decisión tomada por el Tribunal respecto al proceso judicial relacionado con el establecimiento nocturno Jet Set. Tras conocerse la medida de coerción impuesta a los imputados Antonio y Maribel Espaillat, Camacho afirmó que «esta decisión se burla de las víctimas». Sus declaraciones fueron ofrecidas en un contexto marcado por un profundo impacto en la sociedad dominicana debido a los hechos vinculados al caso.
El Tribunal impuso como medidas cautelares una garantía económica, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para los acusados. Aunque se reconoció la calidad del trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público, Camacho señaló que la sanción dictada no está en consonancia con la magnitud de las consecuencias generadas por el colapso de la estructura.
Según precisó el funcionario judicial, 235 personas dejaron de vivir a raíz del suceso, más de 180 individuos sufrieron daños físicos y aproximadamente 130 niños quedaron sin la presencia de uno o ambos padres. A juicio de Camacho, la resolución emitida no refleja de forma adecuada la gravedad de los hechos ni el profundo impacto que han tenido en las familias afectadas.
Durante su intervención, también reiteró la necesidad de una reforma del Código Penal. Esta propuesta ya había sido planteada por la Procuradora General, Yenny Berenice Reynoso, quien considera que la normativa actual resulta insuficiente para enfrentar delitos de alta complejidad como el que se juzga en este proceso. En ese sentido, aunque el Tribunal reconoció que el caso posee características complejas, la medida adoptada fue considerada por el Ministerio Público como no acorde con dicha calificación.
Ante esta situación, Camacho confirmó que se procederá a apelar la decisión judicial, con el objetivo de que se revise y se ajusten las medidas a la magnitud del daño causado. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional con el respeto a los derechos de las víctimas y la búsqueda de una respuesta justa por parte del sistema judicial.
Este caso continúa siendo objeto de atención y discusión pública en la provincia de Santo Domingo, donde diversos sectores han pedido acciones que garanticen el reconocimiento de las afectaciones sufridas por las personas involucradas y la adopción de medidas que prevengan situaciones similares en el futuro.