Cobra dramática evidencia con la militarización lanzada sobre la ciudad de San Cristóbal el déficit de protección policial que debería ser eficiente y sin riesgo para los propios protegidos en atención a la recurrencia (puesta en pausa) de fusilar individuos encasillando los homicidios como “intercambios de disparos”.
Tratamiento con rango de guerra a partir de una oleada criminal más de las que suelen avasallar por una imperfecta protección urbana que debería estar a cargo de agentes del orden competentes y bien regidos por la superioridad.
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Al desasosiego atribuible a un pico delincuencial se agrega el temor a la dispersión por calles de imágenes propias de lo bélico en la urbe benemérita por firmarse allí la primera Constitución; no porque en ella naciera el súmmum de la acción directa que incluyó ordenar la simulación de accidente para segar la vida de las hermanas Mirabal y su chofer: Rafael Trujillo.
Los operativos de «dénle pa’ bajo» han reproducido después de su era las ejecuciones extrajudiciales toleradas por casi todos los gobiernos posteriores en vez de cortar de raíz a eso de permitirles olímpicamente a los uniformados aplicar la pena de muerte.
Seguir creyendo en el «guardia con el tolete» para regir la vida nacional, aún por corto lapso, denuncia un apego vicioso a la siembra de miedo sin garantías de que solo tendría impacto sobre malandrines; y lo que es peor, confesar implícitamente que no se ha logrado espantar el fantasma del abyecto generalísimo de cuarteles y mecanismos para imponer respeto a la ley, existencias y bienes de habitantes en la urbe del parque de «Piedras vivas» erigido originalmente en honor al tirano aunque ya no se le rinde culto abiertamente. Si se pretendía poner en fuga a delincuentes desalmados con un efecto demostración, preferible no mostrar un poder de fuego que evoca las drasticidades de los regímenes de horca y cuchillo.