A pesar de un historial de controversias, investigaciones periodísticas y derrotas judiciales tanto en tribunales dominicanos como en Estados Unidos, la empresa de mensajería Mía Cargo continúa expandiendo sus operaciones en la República Dominicana, incluso con apoyo de funcionarios del Gobierno.
La empresa inauguró recientemente un nuevo centro logístico en Boca Chica y anunció planes de expansión en el sector del transporte de carga, en un acto en el que participaron autoridades públicas, lo que genera una pregunta sobre la relación entre el Estado y una compañía que anteriormente sostuvo un litigio millonario contra el país.
La controversia comenzó en 2021 cuando el Instituto Postal Dominicano firmó un acuerdo con la empresa Mía Cargo durante la gestión de su entonces director Adán Peguero. El convenio otorgaba a la empresa privada un rol clave en la operación del servicio de paquetería internacional del correo estatal, particularmente en el manejo del sistema Inpospak. Privatizando el servicio postal público.
Las irregularidades en ese acuerdo fueron reveladas en un reportaje del programa de investigación de la periodista Nuria Piera donde se expusieron detalles del contrato y las condiciones bajo las cuales se firmó.
El trabajo periodístico reveló que el acuerdo habría sido realizado sin un proceso de licitación pública, a pesar de tratarse de un servicio estatal. La investigación también reveló que el contrato otorgaba a la empresa privada control operativo sobre áreas clave del servicio postal internacional, incluyendo la logística de recepción y entrega de paquetes provenientes del exterior.
El reportaje señaló además que el acuerdo comprometía una parte significativa de los ingresos del servicio postal estatal.
Tras la difusión del reportaje, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, abrió una investigación de oficio para examinar la modalidad de contratación utilizada por el Inposdom con la empresa privada.
El objetivo era determinar si el acuerdo violaba las normas de contratación pública y establecer posibles responsabilidades administrativas. Lo que genero la suspensión del contrato y la destitución del director del Imposdom.
Tras la cancelación del acuerdo, el CEO de Mía Cargo, Diego Vestillero, inició una batalla legal contra el Estado dominicano. La empresa presentó en 2022 una demanda ante un tribunal federal en Florida reclamando 10 millones de dólares por la rescisión del contrato.
Sin embargo, en marzo de 2024 el tribunal estadounidense rechazó la demanda, al concluir que el supuesto contrato de exclusividad no tenía validez jurídica porque el funcionario que lo firmó se había extralimitado en sus funciones.
La empresa también emprendió acciones legales en contra la periodista Nuria Piera, alegando daños a su reputación por los reportajes difundidos en su programa. Ese proceso también terminó en derrota para la compañía. Un tribunal civil del Distrito Nacional rechazó la demanda y desestimó las reclamaciones de la empresa contra la comunicadora. Pero este apeló la sentencia y está en proceso todavía.
Las controversias alrededor del empresario argentino Diego Vestillero tampoco se limitan a nuestro país.
En Argentina, la justicia lo procesó en un caso relacionado con presuntas maniobras de contrabando vinculadas a la importación de decenas de contenedores de mercancías cuyo valor superaría los 20 millones de dólares.
En ese proceso, las autoridades ordenaron embargos millonarios mientras se investigaban las operaciones relacionadas con la introducción de mercancías mediante declaraciones aduaneras presuntamente irregulares.
A pesar de este historial de controversias, Mía Cargo continúa expandiendo sus operaciones en el país. La empresa inauguró recientemente un nuevo hub logístico en Boca Chica y anunció un convenio con la empresa Clouds Air, una aerolínea de carga que se encuentra en proceso de regulación.
El acto contó con la presencia de funcionarios como Nelson Arroyo, Director General de Aduanas que según en una nota de prensa cortó la cinta conjuntamente con el representante de Eduardo Sanz Lovatón , Ministro de Industria y Comercio, Johannes Kelner, y el síndico se Santo Domingo Este Dío Astacio.