Turín fue escenario el pasado sábado de una de las jornadas de violencia callejera más graves de los últimos años en Italia. Lo que comenzó como una manifestación de veinte mil personas contra el desalojo del centro social Askatasuna se convirtió en guerrilla urbana … cuando entre seiscientos y setecientos antisistema -ultraizquierdistas violentos encapuchados llegados de varios países, entre ellos, Francia, España, Austria y varias ciudades italianas- se separaron de la manifestación pacífica y atacaron a las fuerzas del orden en corso Regina Margherita. El resultado: ciento once agentes heridos, tres detenidos, una ciudad conmocionada y dura reacción del Gobierno de Giorgia Meloni, que endurecerá su política de seguridad.
La imagen que resume la jornada está recogida en un video que se hizo viral: el policía Alessandro Calista, 29 años, fue rodeado por once encapuchados que lo golpearon con puños, patadas y un martillo mientras yacía en el suelo. Sin casco, sin escudo. «Me encontré solo entre personas encapuchadas. Recuerdo haber caído y perdido el casco, así que traté de proteger mi cabeza con las manos. Luego sentí un dolor fortísimo en el muslo», relató después desde el hospital Molinette, donde fue ingresado con traumatismo craneal, contusiones y una herida que requirió sutura. Meloni lo visitó el domingo en el hospital junto a otro agente herido, agradeciéndoles su servicio «en nombre de los italianos».
En las horas previas, grupos denominados antisistema compartieron por Telegram un manual de dieciséis páginas con instrucciones precisas: qué sustancias usar contra los lacrimógenos (Maalox, vinagre, limón), cómo desactivar los teléfonos para evitar escuchas policiales, qué decir en caso de detención o ingreso hospitalario. Las mismas plataformas difundieron en tiempo real los puestos de control policial. Alrededor de las 17:50 horas, entre seiscientos y setecientos antisistema se separaron del corteo pacífico en el cruce entre corso Regina Margherita y corso Regio Parco. Armados con martillos, cuchillos, llaves inglesas, lanzacohetes rudimentarios y frondas, atacaron a las fuerzas del orden con bombas carta, cócteles molotov y adoquines, incendiando cassonetti, bancales y un vehículo blindado de la policía.
El balance oficial habla de noventa y un policías heridos, siete carabinieri y otros tantos agentes de la Guardia di Finanza. Entre los manifestantes, al menos treinta trasladados a hospitales. Tres manifestantes fueron arrestados, veinticuatro personas denunciadas y una treintena bajo investigación por el delito de devastación, que contempla penas de hasta quince años.
El analista Giovanni Bianconi, del ‘Corriere della Sera’, identifica el perfil de los violentos: grupos antagonistas sin ideología unitaria, para quienes «el pegamento que los mantiene unidos no es la ideología sino el enfrentamiento en sí mismo. Detrás de estas violencias no hay oposición política, sino contraposición ciega. No hay estrategias, solo táctica de guerrilla urbana que se renueva en cada ocasión».
‘Escudo penal’
Meloni no se limitó a las palabras. Este lunes convocó en Palazzo Chigi una reunión de seguridad con los vicepresidentes Matteo Salvini y Antonio Tajani, y los ministros de Interior (Matteo Piantedosi), Justicia (Carlo Nordio) y Defensa (Guido Crosetto). El miércoles, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo «paquete de seguridad»: sesenta y cinco medidas distribuidas entre decreto ley (veinticinco normas de aplicación inmediata) y proyecto de ley (cuarenta medidas adicionales).
Entre las disposiciones más polémicas figuran el ‘escudo penal’ para agentes, el endurecimiento de las normas sobre cuchillos y menores, la detención preventiva de «al menos» doce horas para violentos con antecedentes específicos que se dirijan a manifestaciones portando armas o cascos, y la prohibición de participar durante cinco años en manifestaciones para quien haya sido denunciado o condenado -incluso sin sentencia definitiva- por delitos contra personas o patrimonio.
El ministro del Interior, Piantedosi, defendió la necesidad de estas medidas: «Finalidades y métodos de esa manifestación tienen una evidente matriz subversiva y, por tanto, potencialmente terrorista». Y añadió una acusación polémica: «Es bueno salir de la hipocresía de una neta diferencia entre estos delincuentes y la gran parte de los llamados manifestantes pacíficos: las fuerzas policiales refieren que en Turín, muchos de los llamados pacíficos hicieron escudo físico, incluso abriendo paraguas, para impedir que se viera a los grupos más violentos cuando se disfrazaban y se equipaban para el asalto».
Askatasuna: treinta años de ocupación
En el centro de la tormenta está Askatasuna -«libertad» en euskera-, el histórico centro social turinés ocupado desde 1996 en un edificio abandonado de corso Regina Margherita. Durante casi tres décadas fue punto de referencia para movimientos estudiantiles, No TAV, campañas pro migrantes y contracultura, pero también escenario de decenas de investigaciones judiciales. El Gobierno de Meloni, en su batalla contra las ocupaciones ilegales de casas y edificios, ordenó el desalojo el 18 de diciembre de 2025. Para el Ejecutivo, Askatasuna representaba una «base logística» para la organización de manifestaciones violentas y un símbolo de impunidad.
Para el Ejecutivo, Askatasuna representaba una «base logística» para la organización de manifestaciones violentas y un símbolo de impunidad
Las repercusiones políticas han sido inmediatas. Meloni ha lanzado un llamamiento a la oposición para aprobar una resolución unitaria sobre seguridad. La líder del PD, Elly Schlein, aunque condenó las agresiones, advirtió estar «preocupada por las instrumentalizaciones» y pidió que «las instituciones unan, no dividan». La extrema derecha acusa a Avs y sectores del centroizquierda de legitimar políticamente estas protestas. Los disturbios de Turín le han dado a Meloni el pretexto que necesitaba: un enemigo visible, una ciudad conmocionada y una excusa legislativa. Italia entra en febrero con la guerrilla urbana como telón de fondo de su política de seguridad.