Santiago Hazim, Rafael Martínez Hazim y Eduardo Read quedaron bajo verificación judicial mientras continúa la investigación sobre movimientos administrativos cuestionados en el SeNaSa.
Santiago Hazim, entonces director del SeNaSa, permanece bajo custodia institucional en la Procuraduría General mientras avanza la revisión relacionada con un esquema señalado por su manejo administrativo irregular. Su sobrino, Rafael Martínez Hazim, y el empresario Eduardo Read también fueron colocados bajo medida provisional debido a contratos analizados por presuntas anomalías que comprometieron recursos estatales relevantes.
Los tres serán trasladados al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerán mientras el Ministerio Público formaliza imputaciones.
La medida representa el primer movimiento procesal significativo desde que el expediente obtuvo notoriedad pública tras una investigación periodística difundida por el programa N Investiga. Dicho reportaje incluyó documentos, testimonios y trazas de pagos que revelaban fallas importantes en procesos internos del SeNaSa durante la gestión examinada.
El Gobierno realizó posteriormente un análisis técnico que confirmó irregularidades administrativas, remitiendo el informe resultante a la Procuraduría para ampliar la investigación. El caso adquirió impacto nacional por la magnitud de los recursos involucrados y por las posibles repercusiones en la cobertura de millones de afiliados.
El procurador adjunto Wilson Camacho adelantó novedades en días recientes, anuncio que coincidió con las acciones confirmadas este sábado.
El Ministerio Público examina un entramado de movimientos financieros asociados a acuerdos suscritos con empresas sin estructura operativa clara, que recibían pagos por servicios no verificados. Entre las entidades mencionadas figura Khersum, vinculada a Eduardo Read, que obtuvo acuerdos durante la administración de Hazim con ingresos asegurados independientemente del volumen de atenciones.
El expediente también menciona a Martínez Hazim por la creación de la marca My Care, beneficiada con servicios de telemedicina cubiertos por el SeNaSa sin parámetros robustos de supervisión. Los documentos recopilados muestran decisiones administrativas carentes de controles suficientes, lo que permitió comprometer fondos destinados al régimen subsidiado y a programas esenciales.
Los fiscales amplían la línea temporal para determinar el alcance económico real y la responsabilidad individual de cada persona involucrada.
Este sábado, Hazim acudió a la Procuraduría acompañado de su abogado, Miguel Valerio, sin emitir comentarios sobre la naturaleza de su visita. Su llegada generó expectativa entre reporteros presentes, aunque tanto él como su representante legal mantuvieron discreción absoluta respecto a su estrategia.
La situación elevó el interés público debido al impacto institucional del caso, considerado una de las mayores crisis administrativas enfrentadas por el SeNaSa. El presidente Luis Abinader entregó a la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe técnico con hallazgos relevantes que se suman a auditorías, denuncias y testimonios protegidos.
Mientras el Ministerio Público consolida elementos probatorios, los señalados serán presentados ante los tribunales por temas vinculados con gestiones irregulares y acuerdos no autorizados. El proceso sigue bajo supervisión judicial, con los investigados en reclusión provisional y con diligencias fiscales encaminadas a determinar responsabilidades y el impacto financiero exacto.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**