Organizadores comunitarios recibieron con alivio un esfuerzo para darles más fondos para combatir y prevenir la violencia con armas de fuego.
Se trata de una propuesta legislativa impulsado por el congresista Dan Goldman, representante del Distrito 10.
“Ya hace mucho que pasó el momento de concientización. Lo que necesitamos es acción”, dijo el legislador Goldman acerca de los programas que salvan vidas en comunidades minoritarias.
Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, entre 2018 y 2022 las muertes de hispanos por arma de fuego se incrementaron en un 73 por ciento.
La nueva ley invertiría 100 millones de dólares del Departamento de Justicia en la prevención de la violencia armada, y 25 millones de ellos estarían asignados para organizaciones como la que representa Robert Cordero.
“Tener adultos que pueden tener relaciones positivas con jóvenes que están envueltos, que están en la calle. Para que podemos ser positivos, no negativos, porque el negativo es la policía. Positivo es un centro comunitario”, dice Robert Cordero, presidente de Grand Street Settlement.
De acuerdo con una encuesta de Street Action Network, 35 por ciento de los encuestados decidieron portar un arma por desconfianza que tienen hacia la policía.
“Los más cercanos al problema son los más cercanos a la solución”, dijo Shaina Harrison, directora de educación y programas juveniles de New Yorkers Against Gun Violence, asegurando que la inversión en la comunidad rinde los mayores dividendos en seguridad pública.
“Ayuda a muchas de las comunidades que necesitan, porque muchos son inmigrantes a lo mejor que no tienen trabajos o recursos. Y entonces esos programas ayudan mucho a muchas de esas familias y esos niños”, dice la organizadora comunitaria Jenny Sambrano.
La propuesta legislativa todavía requiere de suficiente apoyo de los republicanos en la Cámara Baja para su adopción, con poco apetito de discutir leyes para el control de armas. Las elecciones de noviembre dictarán el destino final de ésta y otras medidas.