Santo Domingo. – El comunicador y abogado José Martínez Brito expuso públicamente la situación legal que enfrenta el empresario dominicano Dayiberto Torres, quien permanece recluido en una cárcel en Colombia. Según sus declaraciones, hasta la fecha el Estado dominicano no ha mostrado interés en el caso, lo que ha derivado en un limbo legal que afecta sus derechos fundamentales.
Durante su intervención en el programa radial Esto no es Radio, Martínez Brito explicó que Torres fue detenido en territorio colombiano debido a una alerta internacional. Dicha alerta está vinculada a una empresa de origen ecuatoriano, con accionistas españoles y con operaciones en Ecuador. Esta compañía estaría bajo investigación por el envío de cargamentos de banano hacia España.
El jurista afirmó que la vinculación del empresario dominicano a ese proceso ha sido errónea. “La República Dominicana no se ha preocupado por esta persona, no ha tenido ni el más mínimo interés por verificar cuál es su situación. Ecuador no tiene pruebas contra esa persona, lo suelta en banda… España no concluye el proceso de extradición”, detalló Brito.
Según explicó, hasta el momento ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Procuraduría General de la República han tomado acciones para verificar la situación jurídica del detenido. Tampoco han intervenido para garantizar que se le respeten los derechos establecidos en el marco del debido proceso legal.
En sus declaraciones, el abogado indicó que esta falta de intervención institucional ha prolongado la permanencia del dominicano en un centro penitenciario colombiano, sin avances procesales ni resolución definitiva por parte de las autoridades extranjeras que lo involucraron en el caso.
Martínez Brito hizo un llamado directo a las instituciones responsables de velar por los ciudadanos dominicanos en el extranjero. Enfatizó que se deben adoptar medidas urgentes para brindar asistencia legal y diplomática a Torres y a cualquier otro connacional que se encuentre en circunstancias similares.
El caso expuesto plantea cuestionamientos sobre la atención consular y la defensa de los derechos de personas dominicanas privadas de libertad fuera del país, especialmente cuando no se ha demostrado evidencia que justifique su retención. Las autoridades dominicanas no se han pronunciado públicamente sobre este caso hasta el momento.