Una jornada de protesta a las afueras del palacio de gobierno de México subió de tono el lunes cuando un grupo de manifestantes lanzó petardos hacia la fachada del edificio, en el centro de la capital, lo que dejó 26 policías heridos, según las autoridades locales.
La protesta, supuestamente relacionada con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa aunque no ha sido reivindicada por ningún grupo, se dio a cinco días de la polémica decisión de un tribunal federal que ordenó la excarcelación de ocho militares.
Los ocho militares, que estaban detenidos desde el año pasado procesados por el suceso ocurrido hace casi diez años en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero, fueron liberados a finales de enero y poco después fueron nuevamente apresados para enfrentar un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
El juez dispuso la semana pasada su liberación para que puedan defenderse en libertad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo en un comunicado que durante la protesta, que tuvo lugar la mañana del lunes frente a la sede del gobierno federal, resultaron lesionados 26 uniformados por petardos que lanzaron manifestantes.
Los policías presentaron heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos y debieron ser trasladados a distintos hospitales, precisó la dependencia de la alcaldía capitalina.
Hace dos meses hubo otra protesta que escaló la tensión cuando manifestantes, también vinculados a la escuela normal de Ayotzinapa, derribaron con la ayuda de una camioneta una de las puertas del palacio de gobierno cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina.
Desde hace varios meses estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de los jóvenes desaparecidos aumentado sus reclamos para exigir a López Obrador que los reciba y se aceleren las investigaciones del caso.
El mandatario mexicano ha desestimado las protestas y ha acusado a activistas y abogados de estar manipulando a los familiares de los estudiantes desaparecidos para ponerlos en contra de su gobierno.
Desde que López Obrador asumió el gobierno en 2018 se comprometió a esclarecer el caso y a localizar a los 43 estudiantes, pero las investigaciones no han tenido mayores avances pese a que han sido detenidos algunos exfuncionarios y militares.
A casi diez años de los eventos ocurridos en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
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