Andreina Jaime denunció públicamente el caso de su hija de 11 años, presuntamente vulnerada físicamente en tres ocasiones el 6 de noviembre de 2024 en Bayona, Santo Domingo Oeste. El acusado, Osvaldo Ezequiel Ortiz de 59 años, permaneció nueve meses bajo medida de coerción hasta que le fue variada, quedando en libertad. La madre relata que el acusado transita por el sector con actitud intimidante, pasando frente a su vivienda con música a alto volumen y velocidad reducida.
Según Jaime, la menor era interceptada a la salida de su escuela y llevada en un vehículo blanco hacia un monte cercano a la Universidad UAS. La investigación de Trabajo Social reveló presuntos antecedentes: mujeres del otro pais indocumentadas habrían recibido entre 10 mil y 15 mil pesos para mantener silencio sobre presuntas acciones similares con sus hijas. Vecinos reportaron comportamientos morbosos del acusado hacia menores del sector.
El proceso investigativo enfrentó complicaciones graves. Inicialmente, la menor acusó a su hermano de 15 años bajo presunta intimidación del victimario. Durante interrogatorios en Cámara Gesell, un evaluador utilizó tácticas cuestionables, advirtiendo a la niña que su madre iría presa si no revelaba la verdad. Esta inconsistencia inicial generó duda razonable legal que benefició al acusado. Exámenes médicos detectaron desgarramientos vaginales y anales antiguos, contradiciendo la versión inicial de la menor.
El impacto psicológico es devastador. La menor intentó provocar su pérdida tras enterarse de la liberación del acusado, escondiéndose bajo su cama durante episodios de angustia nocturna. Requiere medicación psiquiátrica que cuesta aproximadamente 8 mil pesos por inyección. Manifiesta miedo constante por la seguridad de su madre y presenta ansiedad severa e insomnio.
La situación económica de Jaime se tornó crítica: trabaja como conductora de plataformas digitales pero ha perdido tres semanas laborales debido a audiencias judiciales. Enfrenta desalojo de su vivienda, acumulación de deudas con su abogado y dependencia de préstamos vecinales. El padre biológico aporta apenas 7 mil pesos mensuales y nunca asistió a audiencias.
El abogado José Martínez analizó el caso señalando deficiencias procesales. Recomendó solicitar nuevo interrogatorio en Cámara Gesell con la Procuradora Fiscal de Violencia de Género, explicando el concepto de “grooming” como preparación gradual de víctimas. El juicio de fondo está programado para el 3 de diciembre. La comunicadora Kiara Romero ofreció asistencia psiquiátrica para la menor a través de su fundación.