Madre denuncia indiferencia institucional tras dejar a su hijo de condición especial sin apoyo médico y educación

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Arelis Rijo de Jesús, madre residente en la provincia de La Romana, denunció la falta de atención y apoyo por parte de las autoridades hacia su hijo, quien padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), epilepsia y un trastorno de neurodesarrollo.

La madre aseguró que, pese a haber acudido al Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) y al Ministerio de Educación (MINERD), no ha recibido ninguna respuesta o solución efectiva que garantice la escolarización y el tratamiento médico que su hijo necesita.

Durante nueve años, el menor estuvo bajo el cuidado del Hogar del Niño, institución reconocida por contar con profesionales en psicología, pediatría y trastornos del desarrollo. Sin embargo, Rijo de Jesús denunció que el niño fue expulsado injustificadamente, lo que agravó su situación.

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Según explicó, representantes del MINERD confirmaron la expulsión y, desde entonces, ha visitado casi todas las escuelas de La Romana, obteniendo la misma respuesta: solo el Hogar del Niño contaba con el personal adecuado para atender el caso, pero ya no puede recibirlo.

 

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El pasado 12 de agosto, la madre interpuso la queja ante el CONADIS, entidad que se comprometió a gestionar la escolaridad y asistencia del menor. No obstante, dos meses después, Rijo de Jesús señaló que no ha recibido ningún tipo de apoyo ni seguimiento, por lo que su hijo continúa sin acceso a docencia ni terapias. Además, su tratamiento médico se realiza de forma irregular debido a la falta de recursos para costear los medicamentos.

Relató que, durante una llamada el 19 de agosto, la directora de CONADIS le informó que la institución no está obligada a proporcionar terapias ni medicamentos, a pesar de haber prometido facilitarlos previamente. Desde entonces, no ha recibido respuesta ni ayuda económica.

Desesperada, Arelis Rijo de Jesús hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación, al CONADIS y a las autoridades competentes, solicitando la intervención del presidente de la República y de la primera dama, para garantizar el derecho a la educación, la salud y la atención especializada de aquellos niños con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad.



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