Redacción.- Los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia celebraron la prórroga por dos años aprobada este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del trabajo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, que investiga presuntas violaciones de las libertades fundamentales en el país caribeño desde 2014.
“Importantísimo logro el día de hoy en Ginebra”, manifestó Machado en la red social X y calificó como “crucial” la resolución que establece dicha renovación y que, además, “condena las violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano”.
´La ex diputada afirmó que el “aislamiento del régimen es cada vez mayor y más evidente”, ya que -señaló- “solo seis países (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) votaron en contra” de la resolución, mientras que 23 lo hicieron a favor y 18 se abstuvieron, entre ellos Brasil y Honduras, aliados del chavismo.
“Agradecemos el apoyo y la firmeza de los distintos países en la lucha por la justicia y la democracia en Venezuela. Venezolanos, avanzamos”, expresó Machado, quien dice estar en “la clandestinidad” dentro del país caribeño, al temer por su “vida” y “libertad”, según lo manifestó el pasado agosto.
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en las elecciones del 28 de julio, subrayó la importancia de que la comunidad internacional mantenga su firme compromiso con la justicia y los derechos fundamentales en Venezuela. El mandato de la misión “ha sido clave para documentar las graves violaciones de derechos humanos que afectan a nuestro país y que el mundo ha podido conocer”, escribió en la red X.
Exiliado en España desde el 8 de septiembre pasado, el ex embajador dio las gracias a todas las organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos que trabajan incansablemente por la exigencia de que sean respetados, “documentando e informando sobre la violación de estos”.
“El futuro de nuestro país depende de este esfuerzo colectivo y sostenido por la libertad, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los venezolanos. El costo de la asociación con países violadores de derechos es muy alto para todos”, concluyó González Urrutia.
Otros políticos y partidos opositores, así como organizaciones no gubernamentales, también celebraron, a través de mensajes en X, la renovación de la misión, creada en 2019 y presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y completada por los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
Para el partido Primero Justicia (PJ), el mundo “sabe que el régimen de Nicolás Maduro no asegura un sistema de justicia que proteja y garantice los derechos humanos”, por lo que la formación agradeció a los países que votaron a favor y que denunciaron “graves violaciones” en el país caribeño.
La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión, así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero. El texto lamenta profundamente aquella decisión y también expresa alarma por “el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”, en especial en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Por su parte, el régimen de Maduro rechazó, en “los términos más enérgicos”, la renovación de la que llamó una “despreciable” y “vergonzosa” misión, a la que considera “una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos”, según un comunicado oficial.
