La noticia de que acaban de apresar a centenares de inmigrantes bajo cargos de depredar el extenso y valioso, pero frágil, Parque Nacional de Los Haitises hace ver con indignación la ausencia de continuidad a las grandes causas de protección medioambiental a la que el país parece condenado. Abulia e inconsistencia de un Estado veleta que a través de los cambios de Gobierno echa a un lado algunas prioridades. Con una periodicidad que no falla, las autoridades suelen despertar de su pasividad, generalmente alertadas por terceros que a veces tienen que gritarles a los oídos, para entonces emprender «operativos» (símbolo de la transitoriedad dominicana de ley y el orden) contra los daños a una zona en progresiva pérdida de suelo y vegetación y que es fundamental por su elevada pluviometría que hace abundar el agua que hace posible la vida en la región.
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Una reserva natural que debería ser cuidada como lo que es: un tesoro irreemplazable. Pasada la alharaca, y cesada la atención mediática, el área vuelve a ser pasto de los conuqueros e incendiarios de fines arrasadores. Las Dunas de Baní corren la misma suerte calamitosa por obra de invasores que se alternan aniquilantes en perforar su superficie y anular la función protectora de la franja de amortiguamiento que las rodea. Los apogeos bianuales de destrucción gritan a los cuatro vientos que sobre ese patrimonio de la nación y orgullo de los banilejos la voluntad gubernamental de protegerlas es de una intermitencia devastadora.
