La aplicación federal de las leyes migratorias — particularmente las operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) — ha tenido efectos profundos y desestabilizadores en comunidades de todo Nueva York. Familias han sido separadas. Trabajadores han sido detenidos. La confianza entre los residentes y las instituciones locales se ha erosionado.
Pero más allá del costo humano existe una pregunta igualmente urgente: cuando se utilizan recursos públicos, ¿quién supervisa el dinero?
Cuando fondos públicos, instalaciones públicas o inversiones públicas se entrelazan con actividades de aplicación federal, el Contralor del Estado de Nueva York tiene tanto la autoridad como la obligación de garantizar transparencia, rendición de cuentas y uso legal de esos recursos. El Contralor no puede permanecer al margen.
La aplicación federal de las leyes migratorias depende cada vez más de alianzas con gobiernos locales, contratistas privados y sistemas financiados con recursos públicos. Estas colaboraciones pueden adoptar diversas formas: cooperación de agencias locales de orden público; uso de instalaciones o personal financiado con fondos públicos; subvenciones federales administradas por el estado o los municipios; proveedores privados que operan mediante contratos públicos; e incluso inversiones de fondos de pensiones públicos en corporaciones cuyo modelo de negocio depende materialmente de la infraestructura de detención o aplicación migratoria.
La ley de Nueva York no exige que las jurisdicciones locales participen en la aplicación federal de leyes migratorias. Sin embargo, algunas optan por hacerlo, incluso mediante acuerdos 287(g) y otros marcos de cooperación. Cuando utilizan recursos públicos para esa colaboración, los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se emplea su dinero y si ese uso cumple con la ley.
La supervisión fiscal no es interferencia política; es la función esencial de la oficina del Contralor.
Como Contralor, utilizaré todas las herramientas de supervisión fiscal disponibles para asegurar que el dinero y las inversiones públicas de Nueva York no se utilicen de manera indebida para respaldar actividades de aplicación dañinas o ilegales.
Primero, auditaré la participación local siempre que estén involucrados fondos públicos. El Contralor supervisa las subvenciones federales de aplicación de la ley administradas en Nueva York, así como a sus subreceptores y contratistas. Mi oficina examinará cómo los fondos estatales y locales se relacionan con la cooperación en la aplicación migratoria, incluyendo en jurisdicciones que operan bajo acuerdos formales. Si se detecta un uso indebido de fondos públicos o una violación de la ley estatal, esos hallazgos serán remitidos a las autoridades correspondientes. Los neoyorquinos merecen respuestas claras sobre quién coopera, cómo se utiliza el dinero público y si ese uso es legal.
Segundo, revisaré la exposición financiera de nuestros sistemas de pensiones públicas. El Fondo Común de Jubilación del Estado y otros sistemas de retiro no deben estar invertidos inadvertidamente en entidades cuyas actividades comerciales dependan materialmente de la infraestructura de detención o aplicación migratoria. Como fiduciario único del Fondo Común de Jubilación, el Contralor tiene la responsabilidad fiduciaria — y la claridad moral — de evaluar estos riesgos. Realizaré una revisión integral de dichas inversiones y estableceré un marco público de “No Invertir” que identifique categorías de actividades que representen riesgos fiscales, legales o de derechos humanos inaceptables. La transparencia en la inversión pública es esencial para la confianza pública.
Finalmente, adoptaré estándares de inversión responsable para asegurar que los activos de pensión no se inviertan — directa o indirectamente — en entidades cuyo modelo principal de negocio dependa de prácticas de detención o aplicación perjudiciales. Estos estándares se aplicarán de manera prospectiva y guiarán una desinversión responsable cuando sea apropiado y coherente con el deber fiduciario. También alentaré a otros sistemas públicos de retiro en Nueva York a adoptar salvaguardas similares.
Esto no se trata de sustituir la autoridad fiscal por la política migratoria federal. Se trata de garantizar que los dólares públicos de Nueva York se administren de manera legal, prudente y en consonancia con los intereses de las personas que los aportan.
La rendición de cuentas fiscal no es opcional. Donde fluye el dinero público, debe seguir la supervisión pública.
El dinero público debe servir al bien público.
Adem Bunkeddeko, candidato a la Contraloría Estatal