Nueva York – Organizaciones sindicales que representan a maestros en Puerto Rico coincidieron en que la orden ejecutiva firmada ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desmantelar la agencia federal y pasar gran parte de sus funciones a los estados afectará el manejo y distribución de fondos para programas y servicios en el territorio.
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) dijo que se mantienen vigilantes, ya que temen que la acción de Trump sea el preámbulo a la privatización general del sistema de instrucción pública.
“Esta medida representaría un ataque directo a las poblaciones más vulnerables, afectando a las comunidades de escasos recursos y limitando el acceso a la educación, con el potencial de abrir paso a una privatización generalizada del sistema educativo”, dijo, mediante declaraciones escritas enviadas a El Diario, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
Según el grupo, cualquier cambio en el organigrama podría traducirse en un impacto en programas subvencionados con fondos de Título I a Título X, “que son fundamentales para la reducción del tamaño de los grupos en las aulas, la provisión de servicios suplementarios para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes, y el desarrollo profesional del personal docente, incluyendo oportunidades de estudios graduados”.
Los miembros de la FMPR también temen que Puerto Rico pierda el acceso a préstamos y becas estudiantiles.
Martínez Padilla dijo que la Federación y miembros de UNETE (Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación) sostuvieron una reunión con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para discutir el tema, el pasado 19 de marzo.
En el encuentro, se les informó que, hasta ese momento, no tenían información sobre el impacto que tendría el cierre del Departamento de Educación federal (ED) en Puerto Rico. Añadieron, que no se vislumbraban cambios en el presupuesto.
Casi un 50% del presupuesto del Departamento de Educación a nivel local proviene de fondos federales.
FMPR citó datos de la Asociación Nacional de Educación (NEA) que apuntan a que los cambios confirmados ayer por la Administración Trump podrían afectar, aproximadamente, 180,000 plazas docentes y a 2.5 millones de estudiantes.
Por otro lado, el sindicato catalogó los despidos en la Oficina de Derechos Civiles del ED como un grave retroceso, ya que deja a los centros educativos más expuestos a la discriminación por razones de raza o género.
“Resulta alarmante que un presidente, mediante órdenes ejecutivas, pretenda implementar cambios de tal magnitud sin un proceso democrático adecuado”, afirmó Martínez Padilla.
Por su parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) entiende que la orden para desmantelar la agencia perjudicará principalmente a familias pobres y vulnerables.
“La eliminación de esta agencia a quien más daño hará es a los cerca de 26 millones de niños de familias pobres y poblaciones vulnerables en la nación americana, incluyendo a los territorios y a Puerto Rico, que dependen del apoyo adicional que reciben del Departamento para alcanzar su máximo potencial y para garantizar un trato equitativo en la financiación de la educación pública”, expusieron también mediante declaraciones a este rotativo.
Para la AMPR, quien es el representante exclusivo del magisterio en la isla, la acción de Trump rompe con los cimientos que llevaron a la creación del Departamento, en el 1979, que era igualar el acceso a la educación.
“Desde su fundación, la agencia ha cumplido ese propósito y también ha sido el instrumento para garantizar que los territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, reciban una proporción justa de los fondos federales destinados a la educación de acuerdo con las necesidades específicas de cada territorio”, añadieron.
La AMPR insistió en que la eliminación del Departamento tendrá un impacto en programas y servicios manejados y financiados por el gobierno federal.
“Algunos de estos programas son horario extendido y tutorías, educación especial, transportación escolar, mantenimiento de escuelas, educación vocacional y técnica, educación para adultos, entre otros”, enumeró la entidad.
En vista de que para que, oficialmente, se elimine el Departamento de Educación federal es necesaria legislación aprobada en el Congreso, el sindicato añadió que seguirán ejerciendo presión, junto a la American Federation of Teachers (AFT), tanto entre legisladores republicanos como demócratas, para evitar lo anterior.
“En la isla también seguiremos insistiendo con la gobernadora, Jenniffer González Colón, así como con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, para que tomen una postura firme y exijan al Congreso que se salvaguarde el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad”, puntualizaron desde la Asociación.
¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump?
A través de la orden ejecutiva, titulada “Mejorando los resultados de educación al empoderar a padres, estados y comunidades”, la Administración Trump instruyó a la secretaria de Educación, Linda Marie McMahon, a tomar los pasos necesarios para facilitar la clausura de la agencia y devolver la autoridad educativa a los estados, “mientras continúan asegurando la efectiva e ininterrumpida entrega de servicios, programas y beneficios de los que los estadounidenses dependen”.
En el decreto, se argumenta que el “experimento” de controlar la educación estadounidense mediante programas y dinero federal, y la burocracia que esto conlleva, le ha fallado a estudiantes, maestros y familias.
La orden especifica que los contribuyentes pagaron unos $200,000 millones de dólares para escuelas a nivel federal durante la COVID-19, además de los más de $60,000 millones que contribuyen anualmente para el financiamiento de escuelas.
A juicio de Trump y su equipo, el Departamento ha afianzado la bucrocracia educativa y ha intentado convencer a los estadounidenses que el control federal sobre la educación es beneficiosa.
“Mientras el Departmento de Educación no educa a nadie, mantiene una oficina de relaciones públicas que incluye a 80 empleados a un costo de $10 millones al año”, alegan desde la Administración.
De acuerdo con el gobierno federal, el desmantelamiento de la oficina mejorará “drásticamente” la implementación de programas de educación superior.
“El Departamento de Educación actualmente maneja una cartera de deuda de préstamos estudiantiles de más de $1.6 billones. Esto significa que el programa de ayuda estudiantil federal es casi del tamaño de uno de nuestros bancos más grandes, Wells Fargo. Pero, a pesar de que Wells Fargo tiene más de 200,000 empleados, el Departamento de Educación tiene menos de1,500 en su Oficina de Ayuda Federal Estudiantil. El Departamento de Educación no es un banco, y debe devolver las funciones bancarias a una entidad equipara para servir a los estudiantes de Estados Unidos”, señala el documento.
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Otro documento divulgado por la Casa Blanca nombrado “En educación, el presidente Trump sabe que podemos hacerlo mejor”, se señala que desde el 1979, el Departamento ha gastado más de $3 billones sin resultados.
“A pesar de que la inversión por estudiante ha incrementado en más de 245% en ese periodo, prácticamente no ha habido ninguna mejora mensurable en el rendimiento estudiantil”, sostiene la Casa Blanca.
La Administración procede a enumerar ejemplos que, a su juicio, sostienen este argumento.
Algunos de estos son que las calificaciones en matemáticas y lectura para estudiantes de 13 años están en el nivel más bajo en décadas; en matemáticas, 6 de cada 10 estudiantes de cuarto grado y casi tres cuartas partes de los de octavo grado no son competentes; y 7 de cada 10 estudiantes de cuarto y octavo grado no son competentes en lectura, mientras que un 40% de estudiantes de cuarto grado ni siquiera cumplen con los niveles básicos de lectura.
El texto también menciona que los resultados de pruebas estandarizadas han permanecido estables o no han variado por décadas.
La orden además va en la dirección de acabar con los programas de “diversidad, equidad e inclusión (DEI)”.
“Consistente con las autoridades del Departmento de Educación, la secretaria de Educación debe asegurar que cualquier asignación de fondos federales esté en riguroso cumplimiento con la ley federal y la política de la Administración, incluyendo el requisito de que cualquier programa y actividad que reciba asistencia federal termine con la oscura e ilegal discriminación bajo la etiqueta de ‘diversidad, equidad e inclusión’ o términos y programas similares que promuevan la ideología de género”, lee el texto.
Ante el temor de que los cambios se traduzcan en reducción de financiamiento para programas esenciales para estudiantes con necesidades especiales, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el Departamento seguirá gestionando ayudas, becas o préstamos estudiantiles en esa dirección.
Cabe señalar que la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) establece que todos los estudiantes con necesidad de atención especial deben tener acceso a una educación adecuada que satisfaga sus necesidades individuales.
En las declaraciones previas a la firma del decreto, Leavitt añadió: “En lo que respecta a los préstamos estudiantiles y las becas Pell, éstas seguirán siendo administradas por el Departamento de Educación”.
Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, sostuvo que la política pública de Trump es maximizar el uso de fondos federales, que estos sean utilizados para el propósito que fueron asignados, cortar la burocracia y dar más poder a los estados.
González, quien como republicana avala muchas las políticas del presidente, insistió en que la orden ejecutiva no recorta fondos.
“El presidente ha dicho que programas como las becas Pell, los fondos de Título 1 (asignados por fórmula a los estados para apoyar sistemas de educación pública que sirven a estudiantes de bajos recursos) y fondos federales para educación especial se preservarán completamente”, expuso González, al tiempo que añadió que la meta es que esos programas sean manejados por otras agencias o departamentos del gobierno federal.
“Esto es un mecanismo de la Casa Blanca de que las ayudas lleguen a la gente y que su manejo sea eficiente”, concluyó en el comunicado.
La firma de la orden se dio, prácticamente, una semana después de que la Administración puso en baja administrativa a la mitad de la plantilla del Departamento.
La decisión llevó a fiscales generales de más de una veintena de estados demandaran al gobierno federal.
En la demanda ante la corte federal del estado de Massachusetts, se alega que la decisión anula funciones clave del Departamento fijadas por la ley, lo que causará un gran daño a los sistemas educativos de los estados querellantes.
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