Tras una pandemia (2019) que hizo descender las solicitudes de disolución de nexos matrimoniales que llegaron a situarse en 35 casos por cada 100 uniones, ya el mes pasado se acercó al doble de ese promedio con 63.35 por cada 100 mientras siguen en curso los procesos ante tribunales en los que las mujeres tienen que empeñarse a fondo para no ser desfavorecidas en los fallos de la separación de bienes.
Sobre la marcha tortuosa que puede sobrevenirles a dos vidas después de dar el sí ante un oficial civil o un ministro religioso, habría mucho que decir, escribir y musicalizar. Manos a la obra.
Aunque la ley vigente admite hasta 8 causas para legitimar demandas de divorcios en República Dominicana, en las estadísticas aparecen dos como las primordialmente invocadas que son la «incompatibilidad de caracteres» y el mutuo consentimiento. Una visión más abarcadora de especialistas en conductas se aleja de los eufemismos que esconden verdaderas razones para bifurcar caminos: falta de compromiso con manifestaciones de que recíprocamente se ha dejado de ser prioridad bajo el predominio tal vez de comportamientos de duras consecuencias.
Con matices de impulsos subyacentes como son: la infidelidad; el que una o las dos partes se sientan defraudadas en sus expectativas con acusaciones unilaterales o en ambas direcciones. Además, la falta de equidad, los abusos sin especificidad de detalles, dificultades económicas y por último, la falta de comunicación. Sin embargo existe también en República Dominicana , la violencia conyugal capaz de explotar de muy malas maneras, que incluye lo físico, lo sexual y lo psicológico.
Un estudio a cargo de las científicas sociales de la universidad UNIBE, Miriam Barajas y Cinthia Cruz, no relacionan estas incidencias en perjuicio de la mujer con la alta tasa de divorcios en el país, quizás porque muchas víctimas de arremetidas machistas son llevadas al extremo de aceptar, sumisas e impreparadas para hacer valer sus derechos, una existencia dolorosa en las garras de los maltratadores.
La proporción de hostilidades intrafamiliares es alta, al punto de que estadísticas anuales del Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP) reportó en promedio hasta el 2021 más de 60 mil denuncias de casos, sin que la realidad expresada pueda haber cambiado significativamente después.
Exigencias legales
Aunque en los hechos resulten alternativas de escaso uso en el país, la ley acepta como motivos valederos para la disolución de matrimonios: «ausencia de uno de los cónyuges, adulterio, condenaciones a penas criminales, sevicias o injurias graves, abandono voluntario del hogar de uno de los esposos por más de dos años y la embriagues o el uso habitual o inmoderado de drogas.
Muchos emplazamientos para divorcios que la prensa publica revelan desconocimiento del paradero de una de las partes.
El consumo anual de alcohol en República Dominicana se mide en millones de litros de grados diversos: cerveza, ron, vino, vodka y whisky y se considera que alrededor de nueve de cada cien dominicanos y cuatro de cada cien dominicanas son adictos al alcohol y lo lógico es que muchos más personas tengan en este momento problemas con la bebida por excesos sin que se les considere alcohólicos. Con frecuencia se vive con ese problema de las relaciones humanas sin el encasillamiento estadístico del peor grado pero en camino de ingresar a él.
Se invoca, con discreta y poca sinceridad para los divorcios «el mutuo consentimiento» porque la ley dice que «justifica suficientemente que la vida en común es insoportable». Pero debe llenarse el requisito bastante apropiado de que la pareja en vías de soltar amarras tenga más de dos años y menos de treinta de convivencia y que la mujer llegue a por lo menos 50 años de edad y el hombre a 60. Sin embargo, ante algunos de los límites jurídicamente establecidos, los jueces pueden recurrir a su discrecionalidad.
Crisis mentales
A propósito de escasas asistencias psiquiátricas y psicológicas en el país, en un amplio registro de situaciones proclives al divorcio aparece el resultado de investigaciones que exponen una relación significativa entre rupturas amorosas y maritales y ciertos niveles de depresión, ansiedad e incluso consumo de sustancias, especialmente en las primeras experiencias de relaciones que van aparar a oficialías civiles o a los altares.
Un resumen de la investigación académica citada antes indica que en una de las relaciones más importantes para el ser humano, que es la de pareja, la disolución de matrimonios puede deberse a la presencia en la vida en común de conflictividades que en ocasiones trastocan la salud física y emocional de los individuos. Con frecuencia los problemas se derivan de eventos estresantes o traumáticos.
Para todo esto cabe la posibilidad de salvar el vínculo con intervenciones preventivas y terapéuticas, especialmente en jóvenes. Las insuficiencias asistenciales explicas muchos desenlaces lamentables.
En este contexto hace cinco años la tasa de divorcios contra la permanencia de ataduras entre heterosexuales sobrepasó, aunque levemente, la marca del 50%, nivel que antes como después de la pandemia ha rondado la vida en familia.
Consecuencia: la proporción de mujeres jefas del hogar por ausencia de las contrapartes es de 34.1% y las familias monoparentales bajo mandos masculinos se sitúa en 34.1%. Los andares de cada uno por su lado son vistas por analistas como expresión de crisis social.
Más crisis
Para Profamilia, institución no gubernamental pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva, tanto los matrimonios transgresoramente infantiles y las uniones tempranas en general constituyen un problema social, de salud y económico en el que las más afectadas son las niñas y las adolescentes porque las relaciones de poder aumentan la inequidad de género y constituyen una barrera para el desarrollo de la gente joven. No habría divorcios en esos estratos si la ley impidiera la formalidad de los casamientos prematuros.
En función de que la República Dominicana ocupa el primer lugar en la región del Caribe con la mayor cantidad de uniones tempranas y matrimonios infantiles, Pro Familia se unió en su momento a las organizaciones nacionales que abogan por la revisión del Código Civil para que sea aumentada la edad mínima para contraer matrimonio o para uniones no documentadas. Absurdamente , la edad mínima legal para casarse desde la condición femenina es de quince años. El matrimonio infantil forzado se considera resultado de la violencia intrafamiliar.
Divorcian, anulan
El «estado de derecho» de República Dominicana permite deshacerse muy rápidamente del cónyuge, varón o hembra, y por ello algunos bufetes de abogados especializados en borrar vínculos «sacramentales» en menos de lo que canta un gallo ofertan publicitariamente el retornos a la soltería con procedimientos judiciales «al vapor».
Pero se trata de un recurso exprés restringido a ciudadanos extranjeros o que residan en cualquier otra parte del mundo. Cualquier «dominican york» practicaría sin problemas el «deporte» de los casamientos de corta duración cobrándoles a dominicanas locales ansiosas de la residencia norteamericana.
La Iglesia Católica, aparentemente abrazada a la indisolubilidad del vínculo matrimonial (que lo que Dios uniere no lo separe el hombre) reconoce de todos modos el derecho, puramente terrenal, a borrar ataduras basadas en la suscripción de compromisos igualmente terrenales.
De un plumazo y después de un lapso de deliberaciones por altas jerarquías eclesiales, las personas que invocan sus buenas razones para seguir viviendo como si no hubieran estado de nupcias, pueden lograr una anulación del pasado encadenamiento «In sæcula sæculorum». Adiós como si no nos hubiéramos visto antes.
Aunque al récord nacional de tales anulaciones no se publica estadísticamente, trasciende que la rigidez que formalmente se atribuye a la clerecía en eso de aplicar el borrón y cuenta nueva para formar «nuevas carnes» en atención a «incompatibilidades de caracteres» y/o duras e insolubles guerrillas de alcobas atestiguadas en la forma que exige la religión, es un recurso expedito que no parece estar al alcance de la gente del montón.
Como meca de los divorcios instantáneos de orden civil una red internacionalizada de abogados ofrece un menú para logra rupturas legales de conveniencias y circunstanciales hasta con ausencia en el país de las partes impetradas. Así ha sido acumulado un historial de ardua búsqueda de candidatos a las disoluciones legales ipso facto con nombres reconocidos: Marc Anthony, Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Diana Ross, Mariah Carey, Silvestre Stallones… Grandes Ligas a la que no accede todo el mundo.