Santo Domingo.- Una villa en Casa de Campo, dos lujosos apartamentos, uno de ellos ubicado en la torre Anacaona, en el sector los Cacicazgo, valorado en 360 millones de pesos y un local comercial que fue destinado al cine de Malecón Center, en la avenida George Washington, son algunas de las suntuosas propiedades que cedieron al Estado los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y Fernando Crisóstomo, vinculados en el caso de corrupción Operación Calamar.
Son partes de los inmuebles para completar los casi 2,000 millones de pesos que ambos señalados se comprometieron a devolver para que se les dejara fuera de la acusación penal.
Mimilo y Fernando Crisóstomo admitieron su culpabilidad en las «maniobras fraudulentas para estafar al Estado«, a través del cobro de deuda administrativa, a solicitud del principal acusado en Calamar, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
El órgano acusador les solicitó un criterio de oportunidad, homologado en agosto de este año por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, cuya sentencia No. 060-2024-SRPT-00034, se le dio lectura el pasado viernes 11 de octubre.
El acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público es en base a su colaboración «para someter a los demás responsables» del caso de corrupción y debido a su «arrepentimiento».
Otro empresario a quien también se le aprobó el criterio de oportunidad, por lo que tampoco será perseguido penalmente, es José Arturo Ureña Pérez, y devolvió 500 millones de pesos, en efectivo y en propiedades.
Entre los inmuebles y muebles que autorizó Ureña Pérez decomisarle, de manera voluntaria, se cita en la sentencia 14 lotes ubicados en la provincia La Vega y dos inmuebles en Higüey, así como una embarcación de marca Viking Princess Sport, Amnesia, valorada «en novecientos ochenta mil dólares ($980,000.00) que es el equivalente a cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos dominicanos (RD$58,200,000.00) en efectivo», cuando negoció con el órgano acusador.
Entregó, además, un cheque por valor «de cuarenta millones (RD$40,000,000.00) en favor de la Procuraduría General de la República».
Los muebles, inmuebles y dinero en efectivo que se decomisaron a los tres señalados en la estafa contra el Estado ascienden a 2,316,770,078 pesos, «como reparación del dinero sustraído del erario» y se comprometen también «a testificar con respecto a la información» que conocen y contra los demás involucrados que componen «la asociación de malhechores» del caso Calamar.
