Había que salir de ese problema por sus implicaciones políticas en tiempo de elecciones y pagar un alto precio con tal de salvar el año escolar complaciendo al menos parcialmente ambiciones salariales desproporcionadas de la Asociación Dominicana de Profesores; pero no debía hacerse generalizadamente sino en base a desempeños individuales como en justicia corresponde en favor de la sociedad (muy perjudicada por la mala calidad de la enseñanza) y de educadores verdaderamente meritorios. Se ha cedido ante una lucha que demostradamente erosiona los beneficios del incremento presupuestal al 4%, todavía escasos.
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Está en juego con estas concesiones por miedo a la agitación de un sindicalismo unilateral que golpea al estudiantado más que al Gobierno, la eficiencia de la estructura presupuestal para múltiples objetivos, y no solo para remunerar a servidores de Educación, tal como apunta en un pronunciamiento responsable la Organización Acción Empresarial por la Educación (Educa) asumiendo la defensa de un sistema escolar estatal, lo que es también defender a millones de alumnos que están saliendo de programas de primaria habiendo aprendido poco y careciendo de habilidades básicas en alfabetización y aritmética. Educa sostiene el criterio de que un alza salarial indiscriminada fomentaría ineficiencias y la de ahora sería insuficiente para los docentes que trabajan con gran compromiso con sus estudiantes y excesivo para aquellos que no cumplen la tarea.
