La informalidad, el sector eléctrico y el déficit fiscal están con nosotros desde hace décadas y no hemos parado de crecer y hasta de progresar. Si ha llegado la hora de enfrentarlos como problemas estructurales, requerirán cambios de profundo calado. ¿Está dispuesto el país a asumir el costo?
El Gobierno ha anunciado con alta visibilidad la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene a analizar la economía dominicana por dos semanas. Estas visitas son comunes y generalmente se hacen una vez por año, pero ahora se le ha dado un carácter más especial porque, luego de las elecciones, la administración ha dicho que se embarcará en un ambicioso conjunto de reformas estructurales.
De ahí que en la nota de prensa en que se anunció la visita oficial del FMI se hace referencia a que esta institución analizará las reformas estructurales en el sector eléctrico, en el área fiscal y en el mercado laboral.
El Banco Central Europeo define las reformas estructurales como “medidas que cambian el tejido de una economía, el marco institucional y regulatorio en el que operan las empresas y las personas, las cuales están diseñados para garantizar que la economía esté en condiciones y sea más capaz de alcanzar su potencial de crecimiento de manera equilibrada.”
El FMI sostiene que las reformas estructurales deben incluir medidas de política económica que reduzcan o remuevan impedimentos para la asignación eficiente de recursos.
Hasta aquí es probable que no se haya entendido nada. Así es que vamos a aterrizar con algunos ejemplos de problemas estructurales de nuestra economía. Es decir, situaciones de larga data que parecen no resolverse con cambios de partidos en el Gobierno, ni con reemplazos de funcionarios. Requieren una intervención mucho más profunda.
1.- La informalidad: Gobiernos van y gobiernos vienen y la ocupación informal no baja de acuerdo a las encuestas del Banco Central. El último dato publicado ubica este fenómeno en un 55.6%, porcentaje que se ha mantenido por años. Este es un ejemplo de un problema que requiere una reforma profunda del mercado laboral.
2.- El Sector Eléctrico: Es un sector que de una u otra forma está en crisis desde la década del 1970. Durante muchos años el problema fue la generación de electricidad. Este fue uno de los pocos países del mundo en que la mayor parte de la producción de electricidad venía de derivados del petróleo. En un momento hasta el 90%.
Para que se tenga una idea de esta distorsión, en el mundo menos del 5% de la producción de electricidad viene de derivados del petróleo. Ahí hemos avanzado y ahora tenemos una matriz de generación mucho más balanceada con base en gas natural, carbón, energías renovables y en la que los derivados del petróleo ya solo representan alrededor de un 10% del total.
El grave problema en el sector es que se pierde un 40% de la energía comprada por las empresas distribuidoras, en manos del Estado, a las compañías generadoras, la mayoría del sector privado. Es una barbaridad, con el agravante de que en estos cuatro años las pérdidas han aumentado.
Se dirá que ahora se suple más energía o bien porque en un momento se dispararon los precios internacionales de los combustibles. Pero la verdad es que al 2024 el sector eléctrico sigue siendo el principal dolor de cabeza del Gobierno. Es otro ejemplo de un problema que requiere una profunda reforma estructural.
3.- Déficit Fiscal: Es otro ejemplo clásico de un problema estructural que sufre el Gobierno. Tenemos casi tres décadas operando con déficit. Esto es independientemente de ideologías, de quién gobierne y de las medidas que se tomen. Al final, el resultado es el mismo. Hace un par de décadas el déficit anual del Gobierno era de alrededor de un 2% del PIB. Desde hace diez años está en el entorno de 3.5%. Esto significa que el Gobierno opera con un déficit mensual de unos RD$ 20,000 millones. Pero cuando se consolida todo el sector público incluyendo al Banco Central, el déficit es de unos RD$ 25,000 millones mensuales.
El Gobierno ha presentado un déficit menor en estos tres años, pero cuando descontamos el monto recaudado por amnistías y adelantos de impuestos, el déficit es similar al promedio Pre-Covid, ahora con mucho más gasto corriente y menor gasto de inversión, una combinación fatal.
La administración sabe que hay problemas estructurales. El diagnóstico está claro y por eso sometió en 2021 para consideración del Consejo Económico y Social (CES) un paquete de propuestas de reformas en los siguientes sectores: Transparencia e institucionalidad, Sector Eléctrico, Sector Agua, Policía Nacional, Modernización del Estado, Calidad Educativa, Salud y Seguridad Social, Transporte, Transformación Digital, Fiscal, Laboral e Hidrocarburos.
La idea era iniciar un diálogo, pero ahí quedó. No se volvió a hablar mucho del tema. A mi juicio este cuatrienio ha sido uno de transición y el objetivo primordial era superar la crisis de salud. También un periodo de aprendizaje para muchos funcionarios sin experiencia que para colmo han tenido que enfrentar una sucesión salvaje de choques externos. El objetivo era sobrevivir, manteniendo la estabilidad social y económica. Pedir que se resolvieran los problemas estructurales era demasiado.
Pero ahora las cosas han cambiado. El presidente fue reelecto con un fuerte respaldo de los votantes que fueron a las urnas y los problemas estructurales están afectando el buen funcionamiento de la economía. Estamos viviendo de reformas que se hicieron hace 20 o 30 años como la tributaria, laboral, seguridad social y otras. La pregunta es si el diagnóstico será suficiente para empujar una oleada reformadora.
A alguien benefician las distorsiones y por eso se han mantenido tanto tiempo. Reformar es difícil porque no sólo se trata de tomar medidas económicas, sino de conciliar intereses que muchas veces están contrapuestos. Es por esto que muchas veces los países logran hacer las grandes reformas luego de que caen en profundas crisis, porque ese es el momento en que todos pierden y se sobrepone el interés particular para buscar los puntos de consenso.
En estos momentos no hay una crisis y el Gobierno se puede ver tentado a tomar unas pocas medidas que le permitan llegar al 2028 sin grandes contratiempos. Total, la economía ha crecido con esas distorsiones y gradualmente hemos progresado. El reto es lograr hacer las reformas antes de que venga una crisis o cuando ya las distorsiones de la economía nos impidan crecer como lo hemos hecho hasta ahora.
Con la llegada de la caravana del FMI a nuestras costas, ¿El escenario está listo para que se desplieguen las prometidas reformas estructurales? La informalidad, los persistentes problemas del sector eléctrico y el agobiante déficit fiscal nos han acompañado durante décadas, desafiando cambios de administración y políticas temporales.
Ahora, con un nuevo mandato y un respaldo renovado, la pregunta es inevitable: ¿Está realmente dispuesto el país a asumir los costos y desafíos de las transformaciones que requieren estas profundas reformas? Más importante aún, ¿Esta visita del FMI marcará un antes y un después en nuestra historia económica, o será solo otro episodio en la larga serie de diagnósticos sin acciones concretas? El tiempo dirá si este capítulo trae consigo cambios reales o si solo añade más páginas a nuestro voluminoso archivo de intenciones.
El FMI sostiene que las reformas estructurales deben incluir medidas de política económica que reduzcan o remuevan impedimentos para la asignación eficiente de recursos.
