Cuando el hemiciclo se llena de votos afirmativos, cuando todos los cuerpos se mueven al unísono, cuando no hay ni una sola mano levantada en objeción, algo no está bien. 277 legisladores votaron a favor de la ley de amnistía el jueves pasado. La … perfección de esa unanimidad tiene un sabor amargo, como si alguien hubiera coreografiado cada gesto. En una cámara donde la disidencia es peligrosa, la armonía total no debería sorprender.
Pero lo que sí resulta perturbador es el cinismo de lo que acaban de aprobar: una ley que promete perdón en un país donde decenas de miles han huido desesperados, donde los centros de detención rebosan de presos políticos, donde la represión ha dejado de ser un instrumento ocasional para convertirse en el mecanismo mismo del poder.
La prisa es visible. Nicolás Maduro está detenido desde principios de enero, enfrentándose a acusaciones graves en tribunales estadounidenses. El Gobierno oficialista insiste en que la amnistía es un paso hacia la paz. Jorge Arreaza, diputado del PSUV y presidente de la Comisión para el Proyecto de Ley de Amnistía, destacó que «esta iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede ser confundida con impunidad y responde a la conciencia del momento político».
Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue más allá. Intentó legitimar la amnistía apelando a la historia: «No es la primera vez que se hace una ley de amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá». Pero cualquiera que observe con atención ve algo diferente: la necesidad de actuar rápido, de aprobar antes de que las estructuras del poder colapsen.
Después de que el hemiciclo votara, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió que el recinto no era suficiente escenario. Se presentó en la Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, ese lugar donde los detenidos han pasado por el trance más deshonroso de su vida. Se quitó la chaqueta, se expuso, prometió que «todos» los detenidos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley en segunda discusión.
Pero en el hemiciclo, momentos antes, Rodríguez había dicho algo revelador: «A mí no me gustan los presos». La frase salta en el aire como una confesión. Un hombre que aborrece el encarcelamiento mientras preside un sistema que lo ha convertido en política de Estado. Los familiares de los presos calificaron su visita como un «show». Y tenían razón. Porque, mientras Rodríguez hacía sus promesas, dentro del Parlamento se sabía exactamente qué ley iba a aprobar.
«Esa ley está hecha para resguardar al chavismo en la nueva etapa. El chavismo tiene que blindarse para lo que viene», dijo una exdiputada del chavismo bajo condición de anonimato. No es reconciliación. Es supervivencia política.
La realidad en las calles
En las calles de la Universidad Central de Venezuela sucede algo diferente. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, marcha con estudiantes y familiares de presos. Ha abandonado las aulas para hacer valer el derecho donde realmente importa: en la calle, donde el dolor es tangible.
Entre los manifestantes está Mayra Morales. Su hermano, Ricardo Fonseca, es militar. Fue encarcelado en 2020, implicado en la Operación Gedeón. 31 militares fueron recluidos en El Helicoide. Pero hace meses, sin previo aviso, desaparecieron. Traslados arbitrarios. El 31 de julio, el 5 de agosto, el 10 de agosto de 2025. Presuntamente llevados al Fuerte Guaicaipuro. «No sé si está vivo», dice Mayra con su voz quebrándose. «Eso es lo más importante. Que nos permitan verlo». Y teme que los militares queden fuera de la amnistía.
«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley»
Juan Carlos Apitz
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela
Cuando Apitz habla de la ley, no lo hace desde la frialdad del análisis académico: «Se trata de una aparente contradicción». «En el artículo primero se habla de una amnistía… pero luego se especifica cuáles son esos hechos. No es una amnistía general».
El mayor peligro, según Apitz, reside en lo que la ley no dice. Es muy genérica y no excluye explícitamente a los torturadores, ni a los jueces y fiscales que actuaron como brazo ejecutor de la represión. Tampoco excluye a los funcionarios policiales y militares que «actuaron por acción o por omisión o bajo órdenes para herir o matar a manifestantes».
«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que cometieron delitos, que cometieron torturas, que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley», señala el jurista. «Debería haber una exclusión directa de estas personas que utilizaron el sistema de justicia como un dispositivo de represión y persecución política».
Aunque la ley excluye los crímenes de lesa humanidad, la falta de un poder judicial independiente hace que esa cláusula sea papel mojado. «Pudiera darse una interpretación amplia de los jueces, tomando en cuenta que el poder judicial venezolano está gobernado directamente por el chavismo», dice.
El vació de la reparación
La ley ofrece perdón, pero no reparación. Nicmer Evans, politólogo detenido dos veces como preso político, exige que «la ley debe partir necesariamente del reconocimiento de los errores y la proporcionalidad de las responsabilidades». «El perdón tiene que ser mutuo entre todos los venezolanos», comenta. «La ley no puede ser un Estado o un partido perdonando a otros que no han cometido delito».
Esta es la brecha fundamental. Evans no pide amnistía unilateral. Exige un perdón mutuo que reconozca errores de ambos lados. Pero la ley venezolana no hace eso. Es un perdón del Estado hacia sus propios cuadros. Evans también subraya: «Debe contemplarse explícitamente a los militares». Esto es crucial. Porque, si la ley no los incluye explícitamente, quedan en el limbo. Como Ricardo Fonseca.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que el régimen usa «confrontación política desde el extremismo» para criminalizar opositores. Los derechos inalienables de las víctimas son: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. «La amnistía venezolana no contempla ninguno de estos elementos», afirma la organización. «No se hace un reconocimiento público del daño causado a las víctimas y no se asume expresamente que ellas tendrán acceso a reparación integral».
El andamiaje intacto
La crítica más profunda es que la amnistía perdona el pasado sin cambiar las herramientas del presente. El vasto «andamiaje legal de la represión y la persecución estatal», como lo llama Apitz, permanece intacto. La Ley contra el Odio, la ley que persigue a las ONG, la ley que permite inhabilitar políticamente a opositores. Nada se deroga.
«Aquí hay todo un andamiaje de leyes que durante 25 años se han utilizado para perseguir, para reprimir al adversario político y esta ley no lo deroga, por lo cual desde el punto de vista legal quedamos igual», concluye Apitz. Es como perdonar a un ladrón sin quitarle las herramientas con las que roba.
La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición de partidos políticos opositores en Venezuela, denuncia «omisiones graves». No incluye a todos los presos políticos, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones. «Una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera», afirman.
Las lecciones que Venezuela ignora
Sudáfrica, tras el apartheid, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estableció un principio fundamental: la verdad como condición para el perdón. Argentina rechazó la amnistía, decidiendo que algunos crímenes no podían ser perdonados.
Venezuela está eligiendo un camino diferente. No está ofreciendo verdad como Sudáfrica, ni justicia como Argentina. Está ofreciendo olvido. Un olvido que protege al poder y abandona a las víctimas.
Lo que sucede en Venezuela es menos una reconciliación que una negociación entre el poder y su propia supervivencia. En Venezuela, la amnistía no cierra un capítulo. Solo intenta congelarlo.